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Condenado a seis años de cárcel un juez cordobés en Canarias por maniobrar contra Victoria Rosell

El juez Alba en una imagen de la televisión pública de Canarias.

Redacción Cordópolis

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La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado al magistrado cordobés Salvador Alba a una pena de seis años y medio de prisión por confabular contra la también juez y diputada de Unidas Podemos, Victoria Rosell, según consta en la Sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

La sentencia, que aprecia delitos de prevaricación judicial en concurso con cohecho y falsedad en documento público y le exime de los de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y revelación de secretos, ha sido notificada a las partes este martes.

Además, y tal y como avanzó el periódico digital Canarias Ahora, el juez Alba ha sido condenado también a 18 años de inhabilitación y a pagar una multa 60.000 euros a Rosell por daños morales. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo en un plazo de 5 días.

En detalle, el TSJC le condena a 3 años de prisión por el delito de prevaricación judicial en concurso medial con otro de cohecho, así como a la inhabilitación especial para sufragio pasivo y 15 años de inhabilitación especial para el cargo público de juez o magistrado, “con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores” asociados.

Le impide también durante el tiempo de la condena a optar a cualquier puesto o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o fuera del mismo, y le obliga a hacerse cargo de las costas procesales de esta imputación así como la de falsedad de documento público, por la que le corresponden otros 3 años y 6 meses de prisión.

Por ello le condenan a otros 3 años y medio más de inhabilitación especial como juez o magistrado y el mismo tipo de restricciones a las ya nombradas por el anterior delito.

El juez Alba fue acusado de dar instrucciones al empresario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, para perjudicar a la por entonces también diputada de Podemos Victoria Rosell, a la que había sustituido en sus funciones, e iniciar en 2015 un procedimiento en su contra. Esas conversaciones fueron grabadas por Ramírez y se hicieron públicas, dando inicio posterior a esta actuación.

La Sala considera probado que el juez Alba ofreció “una nulidad de declaración de las actuaciones” en su contra a cambio de “información lesiva” sobre Victoria Rosell.

“En el curso de la reunión [de Alba con Ramírez], el investigado informó al juez sobre estas relaciones [entre él y alguna de las empresas de Carlos Sosa, pareja de la jueza], suministrándole datos que no había podido obtener en las actuaciones y ambos acordaron la entrega de esta documentación”, explica el texto judicial.

“A cambio”, Alba prometió “una declaración de nulidad de las actuaciones” e “incluso pronunciarse sobre el fondo del asunto”, algo que podría haber favorecido a los intereses de Ramírez “impidiendo posteriores actuaciones de la Agencia Tributaria”.

Esa información, por su parte, servía para “incrementar las posibilidades de que fuera admitida a trámite la querella interpuesta ante el Tribunal Supremo por José Manuel Soria [entonces, aún ministro de Industria, Energía y Turismo] en el procedimiento penal promovido” por él contra Rosell y que estaba pendiente de admisión a trámite.

Fruto de lo ocurrido y de su “repercusión pública”, el TSJC reconoce que Rosell sufrió “un relevante perjuicio a su consideración personal, profesional y social”. Entre otras cosas, Rosell “renunció a su puesto en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, perdiendo su consideración como diputada”.

A consecuencia de todos estos hechos, la Sala considera también probado que Rosell “sufre un trastorno mixto ansioso-depresivo reactivo, de moderada intensidad, precisando tratamiento psico-farmacológico por tiempo prolongado”.

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