Colegios profesionales de trabajo social critican la tarjeta monedero de la Junta por gestionarla entidades no públicas

El Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social ha manifestado este sábado su “más enérgica repulsa” a la propuesta a la medida anunciada por la Junta de Andalucía de financiar la entrega a las familias de una tarjeta monedero por estár gestionada por entidades ajenas a la administración pública.

En un comunicado, el consejo expone que “derivar a entidades privadas fondos que se niegan al sistema público sería tan incomprensible como privar a los hospitales y sus profesionales sanitarios de medicación y respiradores para que organizaciones no gubernamentales atendidas en su mayor parte por personas voluntarias, prescribieran a qué enfermos se les proporciona”.

“Lo que sería un disparate en el sistema sanitario, lo es también en el de servicios sociales”, ahonda la institución, quien apunta que si se quiere que la crisis social no implique pérdidas de proyectos vitales, sufrimiento y desprotección de los más vulnerables, es imprescindible que se cuenten con los profesionales del trabajo social de los servicios sociales comunitarios.

A su juicio, los motivos para rechazar esta medida se fundamentan en evidenciar que “se priva de derechos a las personas que atraviesan una situación de desprotección” provocada por la pandemia y que “se vulneran claramente” los mandatos de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre de Servicios Sociales de Andalucía.

También ahonda en que esto sucede en cuanto que la puerta de entrada al Sistema son los Servicios Sociales Comunitarios, al igual que los centros de salud de Atención Primaria también lo son el Sistema Sanitario, y que vulnera el derecho al profesional de referencia trabajador social que es el que tiene reservada en exclusiva la prescripción de recursos.

Según detalla, la propia ley “prohíbe” que la prescripción de recursos se haga por personas que ni tienen reconocida la condición de empleados públicos, ni tienen la habilitación como profesionales del trabajo social, cuando ya se reconoce ambos derechos de ciudadanía desde la aprobación de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía.

Además, ahonda en que se duplican actuaciones, lo que obliga a las personas a ir “pidiendo en varias ventanillas”, con la sospecha por parte de la propia Junta de Andalucía de que lo harán de forma fraudulenta por cuanto contempla un mecanismo para evitar duplicidades. “Se responsabiliza a la ciudadanía de la gestión de la propia Administración, cuando es ella la que crea un sistema dual de entrada.

Es estigmatizante la entrega de una tarjeta de pobreza para poder alimentarse, cuando ya hay recursos normalizados como las prestaciones económicas gestionadas desde las Administraciones Locales, o la propia Renta Mínima de Andalucía“, subraya el consejo.