Bilore, Francisco Javier Guerrero y la clave de por qué Chaves está en el banquillo

Francisco Javier Guerrero, el exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, ocupaba este lunes todos los focos de la sala de vistas principal de la Audiencia Provincial de Sevilla. Tras él se sentaba Manuel Chaves, el presidente de la Junta de Andalucía más longevo en el cargo (19 años consecutivos). Guerrero, para sorpresa de los jueces y la sala, se negó a contestar todas las preguntas que no fueran de su abogado. Incluso, rechazó sus propias declaraciones policiales de 2012 y 2013, donde destapó toda la trama de los EREs y donde casi sin querer provocó que Chaves se sentase en el banquillo de los acusados. La clave de haberlo hecho está en una fábrica de detergentes de Lucena que cerró en el año 2003 y que se llamaba Bilore.

En su comparecencia, negó que lo que dijese ante la Policía Nacional (antes de que la jueza Mercedes Alaya le quitase el caso y se lo entregase a la Guardia Civil) fuese verdad. Antes de responder a las preguntas de su abogado, Fernando de Pablos, el tribunal acordó que se leyesen las dos declaraciones de Guerrero. Son tan largas y densas que este lunes no dio tiempo y la lectura continuará este martes. Será entonces cuando Francisco Javier Guerrero, que se enfrenta a decenas de años de cárcel (donde ya estuvo de forma preventiva por orden de Alaya), responda a la pregunta clave que ha provocado que Chaves se siente en el banquillo acusado de prevaricación administrativa: ¿Le ordenó el presidente de la Junta que resolviese, fuese como fuese, el ERE de Bilore porque al día siguiente tenía una visita institucional a Lucena?

Guerrero le dijo a la Policía y a la jueza Alaya hace ya seis años que Chaves le ordenó “sí o sí” que resolviese el asunto de Bilore. Era el año 2003 y al año siguiente había elecciones generales y autonómicas. Las dos las ganó el PSOE. En Madrid, José Luis Rodríguez Zapatero se convirtió en presidente del Gobierno por mayoría simple. En Sevilla, Chaves engranó una nueva mayoría absoluta. Mientras, Francisco Javier Guerrero negociaba EREs con trabajadores en apuros en su despacho de la avenida de Hytasa.

El 7 de marzo de 2012 la jueza Alaya cambió de gesto cuando escuchó la declaración de Francisco Javier Guerrero, en una larga mañana en la que reconoció que en cierta ocasión recibió un fax del “Gabinete de Chaves” en el que le instaba a solucionar “inmediatamente” la crisis en la empresa cordobesa Bilore, “pues el presidente tenía que acudir a la localidad donde estaba ubicada” la compañía, Lucena. Alaya tachó entonces la equis de su esquema y a partir de entonces apuntó hacia la cúpula de la Junta de Andalucía en una investigación que ha desembocado con los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y 20 ex altos cargos de la Junta de Andalucía sentados en el banquillo por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

La sesión del lunes

Pasadas las 10:30 de este lunes comenzó la séptima sesión de la vista oral con el interrogatorio a los imputados, siendo el primero el ex director general de la Junta, que se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar. A continuación, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Sala dar lectura a las declaraciones prestadas por Francisco Javier Guerrero ante la Policía y Guardia Civil y en fase de instrucción en el marco de la investigación abierta por los expedientes de regulación de empleo irregulares. El tribunal, presidido por el magistrado Juan Antonio Calle Peña, ha accedido a esta petición.

Tras la lectura de la primera declaración, realizada en marzo de 2011 ante la Policía, De Pablo ha cuestionado a su cliente si ratificaba la misma, a lo que Guerrero ha afirmado que “no”, alegando que cuando la hizo “tenía una presión tremenda mediática y de la policía para que declarara”. “No la voy a ratificar”, ha reiterado, añadiendo que la declaración leída “no recoge exactamente lo que dijo textualmente” en algunas cuestiones.

Igualmente ha alegado los mismos motivos para no ratificar la primera declaración realizada ante la Guardia Civil el 26 de enero de 2012 y la segunda el 21 de febrero del mismo años tras ser preguntado por su abogado una vez que ha concluido la lectura por parte del tribunal.

Los mismos argumentos “de presión” ha expuesto Francisco Javier Guerrero para no ratificar la declaración prestada --su lectura no ha concluido este lunes-- en calidad de imputado el 7 de marzo del mismo año ante la por entonces juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que inició la investigación sobre una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos ERE financiados con cargo a la partida 31L, así como su destino general.

La primera comparecencia de Guerrero ante la Guardia Civil versó sobre las “ayudas a empresas” libradas directamente a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), actualmente Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), con cargo a la famosa partida presupuestaria 31L, conocida como 'fondo de reptiles' a cuenta de la expresión usada por el propio Guerrero para describir el destino de las partidas.

En ese sentido, dijo que nunca adoptó “decisiones personales” para otorgar estas subvenciones, pues eran “codecisiones compartidas”. Además, defendió que “daba cumplimiento a un mandato” dirigido a consolidar “la paz social” solucionando las situaciones de “personas, empresas y territorios en crisis”.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al respecto de la segunda declaración, concluyó que el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, “jugó un papel esencial” en las ayudas concedidas a empresas de la Sierra Norte. Guerrero también se refirió entonces al diputado socialista en la pasada legislatura Ramón Díaz y el ex delegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas. Además, fue preguntado por los 900.000 euros en ayudas concedidos a dos empresas de su exchófer, Juan Francisco Trujillo.

Tres días ante Alaya

En su primera declaración ante la juez Mercedes Alaya, que se prolongó durante tres días, Guerrero declaró que “nadie del Gobierno de la Junta puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas”. “Cada consejero se interesaba por las ayudas a su provincia”, añadió. “Todo el mundo sabía de esas ayudas, que se otorgaban de forma discrecional y sin orden reguladora, y nadie puso reparos”, dijo Guerrero, añadiendo que “la idea” de conceder las ayudas de este modo fue “política”.

Guerrero dijo entonces sospechar que parte de las comisiones que cobraban las aseguradoras --Vitalia o Uniter-- que tramitaban las pólizas de las ayudas “iban a parar” a las organizaciones sindicales y también negó que fuera él quien autorizase los abonos a los despachos de abogados que prestaron asesoramiento en los ERE. Igualmente, negó haber inducido a su chófer a falsificar la firma de su madre para que recibiese una ayuda de 125.028,01 euros, manifestando entonces que “si llega a falsificar la firma en su presencia y en su despacho, en ese momento saldrían Juan Francisco Trujillo y la póliza por la ventana”.

Antes de que fuera llamado a declarar Francisco Javier Guerrero, el abogado del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez ha solicitado que su representado pueda ausentarse de las sesiones por cuestiones de salud después de haber sufrido una lesión en sus miembros inferiores, petición admitida por el tribunal.

La sesión de este lunes ha finalizado minutos antes de las 15:00 sin que haya concluido la lectura de la declaración de Guerrero ante Alaya, que proseguirá mañana a partir de las 10:00 y a la que seguirá la que prestó ante la actual juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños.

Por su parte, la defensa del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, segundo en declarar, ha solicitado la “posposición” del interrogatorio a su representado alegando una “disfonía incapacitante” hasta que su voz se lo permita, cuestión que resolverá este martes el tribunal y que de prosperar sería el exconsejero de Empleo José Antonio Viera el siguiente.

El juicio no se suspende

La Sección Primera, en un auto con fecha de 9 de febrero, ha rechazado la petición realizada por varias defensas para que se suspendiera el juicio en tanto no se diera traslado del contenido probatorio admitido a la Fiscalía y al PP-A al inicio de la vista oral. En este sentido, pone de manifiesto que “la queja de las defensas choca frontalmente con la doctrina” del Tribunal Supremo y con el criterio del Tribunal Constitucional.

De este modo, la Audiencia añade que, “aplicando la doctrina y teniendo en cuenta la larga duración de este juicio y la suspensión del mismo desde el 15 de enero hasta el 12 de febrero para resolver sobre las cuestiones previas planteadas, las pruebas propuestas pueden practicarse en el acto, es decir, sin necesidad de suspender o aplazar el juicio”.

Según expone el tribunal, “parece que los solicitantes olvidan que al inicio del juicio solicitaron nuevas pruebas”, por lo que “la protesta resulta incomprensible”. En este sentido, argumenta que “en la admisión de las pruebas propuestas se ha respetado el principio de contradicción y de igualdad de armas”, agregando que “la pretensión de las partes de que suspenda la continuación de la vista prevista” para este lunes “resulta manifiestamente insostenible” y “extemporánea”, ya que “tuvieron conocimiento de las pruebas propuestas por las acusaciones en las sesiones del juicio dedicadas a las cuestiones previas”.

Por este motivo, los abogados de la defensa han mostrado su protesta este lunes al inicio de la sesión.