La Audiencia de Navarra decreta libertad provisional para 'La Manada'

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha decretado la puesta en libertad provisional de los cinco jóvenes integrantes de La Manada -uno de ellos guardia civil en Pozoblanco- condenados a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual contra una joven durante los Sanfermines de 2016, según avanza El Confidencial.

El tribunal ha adoptado esta decisión cuando está a punto de vencer el plazo máximo de dos años estipulado para la prisión provisional, desde que los cinco jóvenes fueron encarcelados. Estima que no se dan las circunstancias de riesgo de fuga y reiteración delictiva y ha decidido su puesta en libertad.

Así las cosas, José Ángel Prenda, Ángel Boza y Jesús Escudero, que permanecen en la cárcel de Pamplona, y de otro lado Antonio Manuel Guerrero -el guardia civil en Pozoblanco- y Alfonso Jesús Cabezuelo, que se encuentran en la prisión de Alcalá Meco, podrán recobrar la libertad en las próximas horas, ya que su excarcelación provisional será efectiva de manera casi inmediata.

La decisión de su puesta en libertad ha sido tomada por el mismo tribunal que les condenó con el voto a favor de dos de los magistrados y en contra de uno de ellos. La vista para decidir si se adoptaba la decisión de su puesta en libertad provisional o no tuvo lugar el pasado lunes, ya que el próximo 7 de julio vencía el plazo de dos años establecido por la ley para la prisión provisional.

Las defensas de los jóvenes habían reclamado la puesta en libertad hasta que se resuelvan los recursos interpuestos y el caso llegue al Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), después de lo cual podrá llegar hasta el Tribunal Supremo.

Los cinco integrantes de La Manada fueron condenados a nueve años de prisión, unas penas muy por debajo de las solicitadas por la Fiscalía y las diferentes acusaciones, que planteaban entre 22 y 25 años de prisión. El tribunal descartó el delito de agresión sexual al no mediar violencia en una sentencia que levantó una ola de indignación social y que ha sido recurrida por el Ministerio Fiscal, la acusación particular y las acciones populares, ejercidas por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona. El fallo también fue recurrido por las defensas, que aseguran que se trató de relaciones sexuales consentidas.