Alertan de la “desprotección laboral” de las 3.548 empleadas de hogar que hay en Córdoba

CSIF Córdoba ha alertado este lunes, 30 de marzo, Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, de la “enorme desprotección laboral” que padece históricamente este colectivo y que se ha puesto de relieve, aún más, con motivo de la crisis del Covid-19. Según los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones Seguridad Social, en Córdoba hay 3.548 trabajadores acogidos al régimen especial de empleados de hogar, de los que más de 95% son mujeres.

CSIF señala que “este colectivo altamente feminizado sufre de manera estructural una situación de precariedad e infravaloración”, y demandado para estas trabajadoras una mayor visibilización y la de sus circunstancias, entre las que se encuentran, por ejemplo, no tener acceso a la prestación por desempleo.

De hecho, según subraya la central sindical, estas empleadas se han quedado fuera de los primeros paquete de ayudas del Gobierno ante la crisis del coronavirus, al no tener acceso a dicha prestación, si bien el que el Ejecutivo central planea conceder un subsidio extraordinario que las equipare a los trabajadores y trabajadoras que se han quedado en el paro como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), siempre y cuando puedan acreditar que su empleador las ha despedido o suspendido de empleo.

CSIF indica que “hay casos de mujeres que siguen teniendo que ir a trabajar y a quienes la Policía ha empezado a exigir el certificado de desplazamiento, que muchas no han podido aportar, ya que cerca de un 30% de ellas realizan su labor en la economía sumergida”. El sindicato incide en que “en la actualidad las trabajadoras del hogar pueden ser despedidas sin causa, carecen de prestación por desempleo, cotizan muy poco --por lo que las pensiones que tienen son bajas-- y no cuentan con una protección especial para las embarazadas”.

Por todo ello, CSIF argumenta que “la actual normativa sobre empleadas de hogar constituye un caso claro de discriminación indirecta por razón de sexo y supone una menor protección de sus derechos laborales y de la Seguridad Social”. A todas estas circunstancias hay que añadir en muchos casos “jornadas extenuantes, acoso sexual y riesgos psicosociales graves”, añade la organización, al tiempo que pide el cumplimiento de la Ley de Protección de Riesgos Laborales en el caso de estas trabajadoras.