Los afectados por impagos en una promoción de 166 viviendas piden amparo al alcalde y que no se le conceda licencia

Las empresas y trabajadores subcontratados para la edificación de una promoción de 166 viviendas en Poniente, cuya promotora entró en concurso de acreedores y no pagó los trabajos realizados, han pedido la mediación del alcalde, José María Bellido, y del presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Salvador Fuentes, para que intercedan en el conflicto en busca de una solución y no se otorgue licencia a estas viviendas mientras no se paguen los trabajos hechos.

En una protesta de la decena de empresas afectadas por estos impagos de alrededor de 1,3 millones de euros, se han concentrado ante las puertas de la oficina de CaixaBank en la avenida Gran Capitán de la capital cordobesa. Allí han explicado que la entidad bancaria “no nos da ninguna respuesta” y piden que se siente a negociar el pago de las tareas y los materiales con los que se han edificiado las viviendas “que están poniendo a la venta”.

En ese sentido, han enviado sendas cartas a Urbanismo y al alcalde para pedir la mediación en este conflicto y que, en tanto estas subcontratas no han podido certificar el final y la seguridad de los trabajos hechos, no se hacen responsables de ellos y solicitan que no se otorgue ninguna licencia desde la GMU a esta promoción de viviendas.

Rafael Aguilera, portavoz de las empresas afectadas, ha recordado que mantuvieron una reunión con Salvador Fuentes y su disposición a “ayudar” pero aquello “quedó en un mero anuncio”, ya que señala que no ha habido ningún avance hasta la fecha. “La situación para nuestras empresas es crítica”, algo que afecta a unas 400 familias. “Pedimos amparo al alcalde y a la Gerencia de Urbanismo le pedimos que no dé licencias a estas obra”.

Por su parte, desde UGT, el responsable de la sección de Construcción e Industria, Pedro Téllez, ha responsabilizado de la situación a la promotora y CaixaBank, además de pedir a Urbanismo que sea “más beligerante y no permita que se siga haciendo est efraude, cometiendo ilegalidades al no cumplir los contratos con las empresas” que han realizado trabajos en esta promoción de viviendas.

Las empresas afectadas llevan varios meses alertando de la situación de impago por la que pasan y han recrudecido las movilizaciones, además de llevar al Pleno del Ayuntamiento el pasado mes de julio la petición de negociación que fue apoyada por los grupos políticos.