Abogados de Stop Desahucios urgen a pedir la devolución de las casas

Protesta en Córdoba de activistas de Stop Desahucios para evitar un desalojo. FOTO: MADERO CUBERO
Este grupo de trabajo insta a los afectados a buscar un abogado de oficio antes del 11 de abril para presentar las demandas después de conocer la sentencia europea

Los abogados pertenecientes al Grupo de Trabajo de la Plataforma Stop Desahucios a nivel estatal están urgiendo a las familias que han sido desalojadas de sus casas por no poder hacer frente al pago de sus hipotecas a presentar una demanda judicial para solicitar la nulidad de sus procedimientos tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. Esta sentencia declaraba abusiva gran parte de la Ley Hipotecaria española.

Según el abogado y fundador del grupo Stop Desahucios en Córdoba Manuel Delgado Millán, el grupo sostiene su tesis en el artículo 228.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Este artículo sostiene que si se han vulnerado los derechos fundamentales de una persona que además no se puede defender se puede declarar la nulidad de una acción, como en este caso es la de un desahucio. Sin embargo, este mismo punto establece un margen muy estrecho de maniobra para hacerlo, ya que da un plazo de 20 días hábiles desde que se conoció la sentencia europea, según declara el abogado Manuel Delgado. Por eso, han instado a todos los afectados a ponerse ya en contacto con un abogado de oficio para presentar la correspondiente demanda. El plazo terminaría el 11 de abril, ya que la sentencia europea fue publicada el pasado 14 de marzo.

En Córdoba, y según estadísticas oficiosas (no hay oficiales), se han producido un total de 600 desahucios de personas que no pudieron hacer frente al pago de su hipoteca. Según este grupo de abogados, estos desahuciados podrían recurrir ahora en los tribunales e intentar la nulidad de las sentencias por las que fueron desalojados. De esa manera, podrían volver a recuperar sus casas.

Muchos de estos abogados ya han mandando los correspondientes escritos a los colegios provinciales de abogados para que tramiten las posibles demandas que les lleguen.

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