Los abogados andaluces se oponen al proyecto de ley de justicia gratuita

El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados reúne en Córdoba a los decanos de las ocho provincias

El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA), José Rebollo Puig, junto a los decanos de los colegios de abogados de toda Andalucía, argumentó hoy los motivos de la oposición frontal de la Abogacía al proyecto de Ley de Justicia Gratuita y de las graves consecuencias que su aprobación tendrá para los ciudadanos y para los abogados adscritos al Turno de Oficio.

Esta acción se enmarca dentro del plan de acción acordado en el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, celebrado el pasado 25 de abril, contra las reformas planteadas en materia de Justicia Gratuita, por considerar que atentan contra el derecho de defensa de los ciudadanos y burocratizan en exceso el servicio, generando costes innecesarios y graves perjuicios para sus beneficiarios.

Los abogados consideran que “el proyecto de ley provocará perjuicios a los ciudadanos al suprimirse la obligación de residencia del abogado del Turno de Oficio en el ámbito de su domicilio profesional y de su Colegio de Abogados”. Los letrados también rechazan que este proyecto de ley “se vincule a la Ley de Tasas ya que está ha sido ampliamente rechazada por la sociedad”.

Asimismo, los decanos de los Colegios de Abogados de Andalucía afirman que “los umbrales económicos exigidos para acceder a la justicia gratuita se ha modificado de manera engañosa”, al mismo tiempo que subrayan que “se está aumentando la burocracia en la tramitación de expedientes”.

Los letrados también se quejan de que el proyecto de ley mantendrá “la falta de igualdad entre los ciudadanos”, mientras “aumenta las obligaciones de los abogados y reduce los baremos”, además de “no resolver los problemas reales y verter sospechas injustificados hacia el ciudadanos”. Y todo ello, “sin garantías de que la ley, además, goce de una financiación pública”.

En suma, los abogados andaluces creen que el proyecto de ley “provocará más dificultades en el acceso a la justicia y menos derechos para los ciudadanos” y por eso piden un diálogo para mejorar el proyecto de ley.