Rafael Gómez: ¿culpable o inocente?

El cúmulo de noticias sobre irregularidades y corruptelas que se acumulan en las cabeceras y editoriales de los distintos medios de comunicación me ha servido como analgésico para mitigar el doloroso efecto que la pasada rueda de prensa del señor Rafael Gómez provocó en mi ya más que atormentada conciencia democrática. He de reconocer que el creciente hastío que experimento hacia la deplorable actualidad de la vida pública ha amortiguado el impacto de las declaraciones efectuadas por el principal líder de la oposición municipal acerca de su actuación pasada, presente y futura en torno al ya manido asunto de las Naves de Colecor. Ante tanta noticia de la misma calaña, mi limitada capacidad de resistencia se halla sobradamente superada por lo que, en un vaso ya rebosante, una gota de agua de más, apenas se percibe.

El culebrón de las referidas Naves, a  modo de resumen, comenzó en el año 2005, con la construcción sin licencia por parte del señor Gómez de una edificación de 40.000 metros cuadrados en Suelo No Urbanizable de Especial Protección. Para convalidar esta irregularidad, el empresario cordobés también comenzó a tramitar un Plan Especial y un proyecto de actuación que fueron respaldados por el Ayuntamiento de Córdoba con los votos favorables de IU y PP y la oposición del PSOE. El acuerdo municipal fue impugnado por el ejecutivo autonómico ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía cuyo fallo, que declaró la nulidad de los instrumentos de planeamiento aprobados, fue ratificado también por el Tribunal Supremo tras un tortuoso camino de apelaciones y recursos. Determinada pues la infracción urbanística, ha de existir la correspondiente sanción que, en el caso que nos ocupa, asciende a más de 24 millones de euros lo que convierte a Rafael Gómez, no sólo en jefe del principal partido de la oposición, sino también en el mayor deudor de las arcas municipales y, a tenor de las declaraciones del responsable de Hacienda, el edil José María Bellido, parece que lo seguirá siendo durante mucho tiempo pues el dirigente popular, al enjuiciar la morosidad de Gómez, ya adelantó que “ve difícil cobrar la multa impuesta”.

En este contexto, el líder de Unión Cordobesa, asaeteado por las críticas, convocó una rueda de prensa que, si bien rozó la hora de duración, dejó suculentas declaraciones. El controvertido empresario reafirmó que las Naves de Colecor se construyeron porque tenía el permiso verbal de Rosa Aguilar, aseguró que no cometió por tanto ilegalidad alguna y vaticinó que la multa la iba a pagar “su hermana la pelá”. Asimismo, según siempre el propio Gómez, también hemos tenido conocimiento de las presuntas reuniones clandestinas que mantuvo con políticos y técnicos de anteriores gobiernos municipales, en especial, con la ex alcaldesa Rosa Aguilar. A este respecto, se recreó en detallar cómo la que fuera primera edil le visitó en su domicilio particular para comunicarle que el Ayuntamiento le había impuesto una multa superior a 24 millones de euros por la construcción sin licencia de las Naves de Colecor aunque, al parecer, no debía preocuparse en demasía porque, finalmente, la cantidad se reduciría a tan sólo 6000 euros. Según la versión del líder de UCOR, el encuentro estuvo amenizado con un generoso ágape compuesto, entre otras delicias, “por jamón y pijotas frescas recién traídas de Fuengirola”. De todo ello dio buena cuenta la actual diputada socialista ya que, a juicio del polémico empresario, “se puso morada”. Desconozco qué grado de verosimilitud tienen las declaraciones de Gómez pero, ya sean verdaderas o falsas, me parecen una absoluta vergüenza. Si constituyen una falacia, coincido con el señor Bellido cuando afirma que resulta “triste” que una persona como Gómez sea el máximo representante de la segunda fuerza política más votada en Córdoba pues sus actitudes y declaraciones no constituyen la imagen más apropiada para encarnar la alternativa más importante al actual gobierno de ésta o cualquier otra ciudad. Por  el contrario, si son ciertas, me sonrojaría constatar cómo unos pocos han convertido la actividad urbanística de esta ciudad en el famoso “guiso de Juan Palomo”, es decir, “yo me lo guiso, yo me lo como”, obviando cualquier control de legalidad y obteniendo con ello desorbitantes beneficios económicos o, según el caso, políticos. De cualquier forma, en uno u otro sentido, sí que estoy seguro de una cosa: el señor Gómez no es inocente. Ninguna persona ha de ser una eminencia en el ámbito jurídico para conocer sin ningún género de duda que construir en Suelo No Urbanizable de Especial Protección es una acción prohibida por más permisos verbales que se tengan y, por tanto, su comisión acarrea una importante sanción pecuniaria que debe ser satisfecha. Reclamar una plena absolución y una total inocencia en estas circunstancias parece un insulto a la inteligencia de la ciudadanía cordobesa. No obstante, si bien resulta una obviedad que el señor Gómez no es inocente, también puede suceder que no sea el único culpable. En este caso, sería justo entonces reconocer que la carga derivada de la ilegalidad urbanística cometida no debería recaer solamente sobre los solitarios hombros del populista empresario.