De profesión, político

Francia tiene un Instituto de Estudios Políticos en París. Allí se inscriben la mayoría de los que quieren hacer carrera política, donde se convierten, directamente, en profesionales. El sistema ha funcionado relativamente bien hasta hace poco, cuando ha hecho aguas. La primera vuelta de las presidenciales ha dejado a los dos grandes partidos de Francia, el republicano y el socialista, fuera.

España, que siempre ha llegado tarde a la modernidad, no tiene ese instituto. Quizás lo más parecido sean las facultades de Derecho (oiga, la de políticos de todos los signos que son licenciados en Derecho) o las de Ciencias Políticas (con escasas salidas a no ser que quieras ser un político profesional). Pero España sí que tiene esos políticos que han convertido el servicio público en una profesión.

En Grecia, cuna de la democracia, los ciudadanos tenían su trabajo y durante un tiempo limitado se dedicaban a la política, como servicio público, como algo de todos (los que eran ciudadanos, hombres mayores, los esclavos y las mujeres, ya se sabe, estaban al margen). El servicio temporal en la política convertía a estos ciudadanos en seres libres, sin ataduras, capaces de irse a su casa al día siguiente si veían que las cosas no salían como querían, si se equivocaban o si, directamente, pensaban que su tiempo había pasado.

En España, insistimos, que siempre ha llegado tarde a la modernidad, hay muchos políticos actualmente en cualquier cargo público que jamás han trabajado en otra cosa. Sin ir más lejos, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que de las Juventudes Socialistas ha ido ascendiendo, ascendiendo, hasta optar a dirigir el partido. En Córdoba solo hay que mirar uno a uno los 29 concejales del Pleno. Hay funcionarios, claro, empresarios, también, hasta toreros, médicos y profesores. Pero muchos sin un lugar al que volver en el caso de que las cosas vengan mal dadas.

Es dramático. En España no se dimite precisamente por eso, porque no hay un sitio al que volver en muchos casos.

En los últimos años hay partidos que están empezando a pedir la limitación de mandatos. Ocho años máximo para un presidente del Gobierno (tiempo más que suficiente), o de una comunidad autónoma, o un concejal o, incluso, un consejero o delegado de la Junta. Sería bueno hasta que para esos políticos profesionales se buscaran una alternativa y pensaran en el día de mañana en que probablemente tengan que buscarse la vida de otra manera. Serían más libres. Y nosotros, probablemente, estaríamos más seguros.