La parcelita

Si hay algo que siempre quiso la clase media es una segunda residencia. En Madrid, que apenas tienen suelo y mucho menos playa, la clase media comenzó ya en los años sesenta a comprarse apartamentos en la costa. Y los que más prosperaban, ya en los años ochenta, se iban a vivir a los famosos PAU. La España de las piscinas es un libro maravilloso que retrata todo el proceso.

Andalucía, y Córdoba, no iba a ser menos, claro está. En los años sesenta, pero sobre todo a partir de los noventa, comenzó una fiebre por esa segunda residencia, de fin de semana, a poder ser con piscina. En Córdoba tenemos un ejemplo del urbanismo más salvaje, con más de 40.000 viviendas irregulares, que se dice pronto. Quién iba a renunciar a la parcela en la sierra o en la fértil Vega del Guadalquivir. Qué mejor que llenar todo de chalets que de fincas de naranjos, de campos de algodón o remolacha. ¿Qué hacían allí la Colecor, la desmotadora de algodón o la antigua Azucarera? Parcelas y más parcelas.

Hubo unos años en los que se construyó de manera salvaje. Nadie hizo nada por frenar un fenómeno urbanístico que ha ensanchado pueblos y ciudades, y que a día de hoy supone un problema medio ambiental de primer orden. En Córdoba ciudad, por ejemplo, hay unas 11.000 viviendas fuera de ordenación. Sus dueños se tienen que buscar la vida para conseguir agua potable y electricidad. Y no digamos para depositar sus aguas residuales o tirar su basura. Que se olviden del transporte público y por supuesto de tener espacios comunes o servicios.

El parcelismo ha provocado un daño al urbanismo incalculable y ha cambiado para siempre la configuración de las ciudades. Nadie le puso freno y cuando se hizo era demasiado tarde. Fueron años en los que se ganó mucho dinero, se especuló más y se generaron falsas expectativas a miles de ciudadanos de clase media que lo que querían era un chalet con piscina. ¿No era eso la democracia?

Sobre plano, todas esas viviendas no existen. Pero basta darse una vuelta para tropezar con ellas. Y vaya si existen.

Ahora, podemos hacer como siempre: mirar para otro lado. Las parcelas seguirán con sus pozos ilegales esquilmando acuíferos. También los contaminarán, ya que por muchas fosas sépticas que se construyan siempre habrá filtraciones. Y no todas las tienen. Sus vecinos acabarán contaminando porque no tienen otro medio de transporte que no sea el coche. Y el ayuntamiento, incluso, renunciará a gran fuente de ingresos: cobrarle impuestos por lo que de verdad poseen, por un servicio de agua, tasas de luz, etcétera.

Si miramos para otro lado, el elefante va a seguir dentro de la habitación y el problema irá a peor, probablemente. El problema está en quién paga la fiesta. No tengan ninguna duda de que lo haremos todos.

Hasta ahora, muchas parcelas (la mitad aproximadamente de Córdoba) podían legalizarse y convertirse en suelo urbano. Para eso había que poner de acuerdo a todos los vecinos (imposible) en aportar unas derramas (utópico) para urbanizar. Así podrían tener calles, acerados, alcantarillas, correo postal, recogida de basura, paradas de autobús... Ahora, con la nueva Ley del Suelo de Andalucía seremos nosotros (los ayuntamientos) los que adelantemos el dinero. Luego ya se cobraría vía impuestos, supongo, siendo muy optimista.

Pero, entiendo, algo habrá que hacer. Al final el que no hizo las cosas bien, supongo, se saldrá con la suya. Y aquellos que renunciaron al chalet con piscina seguirán adelante con su conciencia tranquila, pero poco más.

Bola extra: al menos la mitad de las parcelas de Córdoba capital son imposible de legalizar. Se construyeron en zonas inundables, en zonas de un enorme riesgo forestal o en el entorno de Medina Azahara (cuando no sobre restos arqueológicos). El problema va a seguir estando ahí, por décadas, me temo. Ningún político de ninguna ideología va a plantear, jamás de los jamases, que su única salida es la demolición. Pero es que no queda otra.