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Los derechos humanos cumplen años

Manuel J. Albert

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Cualquier Estado que se ha planteado matar a gran escala ha chocado con un mismo escollo. ¿Qué hacer con los cadáveres? Al margen de las fosas comunes, la solución más espectacular la hallaron los alemanes a partir de 1942. Los nazis aplicaron los principios de la revolución industrial y el sistema fabril para el asesinato y desaparición de personas en los campos de exterminio.

El espanto que dejaron las cámaras de gas y el horror de la II Guerra Mundial fue tan hondo, tan profundo y tan amargo que, tres años después de acabar, la ONU redactó y aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue el 10 de diciembre de 1948. Hoy cumple 64 años

Su vigencia no ha frenado el horror organizado perpetrado tanto por países miembros de las Naciones Unidas o por grupos irregulares que pretendían ocultar o hacer menos evidentes sus crímenes. A partir de 1976, durante su última dictadura, los argentinos dieron un giro particular a la dinámica. Incorporaron los vuelos militares mar adentro para eliminar todo rastro físico de los detenidos que habían sido torturados durante días o meses y a los que querían hacer desaparecer.

El sistema funcionó en la mayoría de las ocasiones. Pero el océano devolvió algunos de los cuerpos. Y pudo identificarse su identidad. 29 años después de que terminase el régimen de terror instaurado por el general Jorge Rafael Videla, ha comenzado en Bueno Aires el juicio por esos vuelos. Y algunas de las pruebas fundamentales son las evidencias ofrecidas por los restos hallados, entonces, en las orillas de la costa argentina.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos no ha evitado que sigan produciéndose violaciones masivas a los mismos. Pero su redacción perfiló un marco legal fundamental que ha permitido, por ejemplo, que se lleven a cabo juicios como el que se celebra ahora contra los pilotos y represores de la dictadura de Videla. No es el único caso. Los juicios por los crímenes en la guerra de Bosnia o las matanzas de los Jemeres Rojos en Camboya, dan esperanza para pensar que la impunidad de quienes los cometen termina, antes o después.

Esos procesos, dolorosos y terribles, sirven no solo para juzgar de manera justa a los verdugos. También ayudan a cerrar unas heridas que, de otra forma, siempre quedan mal curadas. Y la receta se puede aplicar tanto a genocidas como a casos concretos de abusos, sin importar tampoco el momento en que se produjeron. La violación de los derechos humanos no prescribe.

Y eso me recuerda dos cosas. La primera es que el Parlamento Europeo ha escrito al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, pidiéndole que los Juzgados de Posadas (Córdoba) abran, de una vez, sus archivos a una mujer que quiere saber dónde está enterrado su padre, fusilado en 1936. Archivos que se les han cerrados a cal y canto sin motivo. Y la segunda, que el mismo Gobierno del que el ministro forma parte ha decidido indultar a cuatro mossos d'escuadra (policía catalana) condenados en firme por torturar a un detenido. No es posible peor delito para un funcionario de seguridad. Y tampoco es posible peor ejemplo para un país que dice suscribir, punto por punto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

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