Locura fascista

Hace años llamé “esquizofrénico” al Estado en una columna. Sin ninguna intención peyorativa. Y sin pensar en las consecuencias. A los pocos días recibí la merecida respuesta de una asociación advirtiéndome del daño que hacíamos a los enfermos mentales y a la sociedad con expresiones así. Me equivoqué. De manera inconsciente e insensible. Y rectifiqué. Desde entonces evito las metáforas que aludan a cualquier discapacidad física, psíquica o sensorial. Hoy no. Hoy quiero llamar premeditadamente locura fascista a la reforma del Código Penal que considera “sujetos peligrosos” a las personas con trastorno mental para justificar su encierro indefinido. Locura, porque ha perdido la razón y es de poco juicio, disparatada e imprudente. Y fascista, porque nos devuelve al perverso Derecho penal de regímenes autoritarios.

Quien comete un delito no deja de ser persona. No pierde su dignidad humana, ni el derecho a ser tratado dignamente, por cruento que haya sido su crimen. Así son las reglas del juego democrático. El asesino puede matar pero el Estado que lo juzga no puede asesinarlo. El delincuente sigue siendo un ciudadano y los poderes públicos están obligados a velar por sus derechos fundamentales. Sin duda, uno de los avances más importantes en la historia de la Humanidad.  Las dictaduras fascistas o comunistas acabaron con esta lógica humanista recuperando el inquisitorial e inhumano “Derecho penal de autor”. El culpable es la persona no importa el delito cometido. Se le condena por lo que es y no por lo que ha hecho. Judíos, gitanos, rojos o disidentes son peligrosos por su propia naturaleza. Unos mueren quemados en los campos nazis y otros congelados en el Gulag soviético. Todos creíamos haber enterrado esta concepción aberrante del Derecho penal tras la segunda Guerra Mundial y la caída del muro de Berlín. No es así. Como si se tratase de un zombi, el Derecho penal de autor ha resucitado en Europa con el nombre de “Derecho Penal del Enemigo”. El mismo perro con distintos collares.

Para su creador, Gunther Jakobs (Universidad de Bonn), el enemigo se ha ganado a pulso carecer de las garantías propias del Estado de Derecho al despreciarlo con su conducta antisocial, peligrosa y permanente. El enemigo merece perder su condición ciudadana como sujeto normal para convertirse en un ser anormal, perverso e irrecuperable. En consecuencia, el Estado debe protegerse y protegernos de él, ya no sólo tras la comisión del delito, sino antes de provocar el daño como medida de seguridad. Y lo encierra por tiempo indefinido, despojándole de sus derechos fundamentales. El ruido mediático del terrorismo, asesinatos o violaciones infantiles, favorece que la sociedad acepte en silencio la demolición de las garantías constitucionales. Nada mejor para prevenir el daño futuro que el exterminio de quienes podrían causarlo. Muerto el perro, acabada la rabia.

Siguiendo esta doctrina macabra, el Ministro Gallardón ha incluido a los enfermos mentales dentro de la masa dantesca de enemigos sociales. No ciudadanos. Sujetos peligrosos. Culpables por lo que son. Y condenados a ser internados indefinidamente en previsión del delito que pudieran cometer. Asociar enfermedad mental con peligrosidad criminal es una locura fascista. Se lo advertimos. Se equivoca y le rogamos que rectifique. Porque de no ser así, todos tendremos claro quien es de verdad nuestro enemigo. Y de quien debemos defendernos.