La última reforma de pensiones, que establece la revalorización de las pensiones en función del IPC y que el Partido Popular votó en contra, recoge en la disposición final segunda que el Gobierno procederá, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley y en los términos acordados previamente con las organizaciones empresariales y sindicales, un nuevo marco normativo que regule la jubilación anticipada por razón de actividad.
Una jubilación que establece unos coeficientes reductores para adelantar la edad de jubilación ordinaria para aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad.
Transcurrido el plazo, el grupo parlamentario socialista en el Senado, hemos presentado en el pasado Pleno una moción instando al Gobierno a agilizar el desarrollo de esta normativa, para que aquellos trabajadores o colectivos que cumplan los criterios que se acuerden o determinen puedan solicitar esta excepcionalidad.
Son varios los colectivos que tienen actualmente derecho a este tipo de jubilación: mineros, personal de vuelo, ferroviarios, bomberos, policías locales, algunas policías autonómicas y algunos colectivos más.
Un dato: durante el Gobierno de Pedro Sánchez se ha reconocido la jubilación anticipada por razón de actividad a la Policía Local, Mossos d’Escuadra, Policía Foral de Navarra y Rederas. Por el contrario, durante el Gobierno de Mariano Rajoy no se concedió esta excepcionalidad de jubilación a ningún colectivo.
En la actualidad, hay varios colectivos -pendientes del desarrollo de esta normativa- demandando la aplicación de estos coeficientes reductores, colectivos que durante la pandemia han sido considerados como esenciales, pero que lamentablemente trabajan en situaciones muy precarias y en condiciones de penosidad, peligrosidad o insalubridad, como por ejemplo los bomberos forestales, las camareras de piso o las auxiliares de ayuda a domicilio.
Con la llegada del verano y las altas temperaturas, quisiera hacer una referencia específica a los bomberos forestales de la Agencia de Medioambiente y Aguas de la Junta de Andalucía (AMAYA) y del Plan INFOCA, que protegen nuestro patrimonio natural y que desempeñan su trabajo en condiciones muy exigentes, con riesgo extremo y en el que muchas veces se juegan la vida, como fue el caso de Carlos Martínez, el bombero fallecido el año pasado en el incendio de Sierra Bermeja (Málaga).
Estos profesionales, que trabajan en situaciones extremas, pero con condiciones precarias y a los que la pasividad y la negativa de dialogar por parte del Ejecutivo andaluz no les deja otra salida que la de manifestarse, están demandando una serie de reinvindicaciones o mejoras en sus condiciones laborales: que se les reconozca la antigüedad en sus puestos de trabajo, mayor estabilidad en la plantilla y no sólo en la temporada alta de incendios -la prevención es fundamental para evitar algunos incendios- y la aprobación de un nuevo convenio colectivo, ya que el anterior dejó de estar en vigor el pasado 1 de enero de 2021 y está denunciado por los sindicatos.
Y es que mientras que en España la tasa del paro se sitúa en el 13%, en Andalucía alcanza el 19%, se despiden a 8.000 profesionales sanitarios, aumentan las listas de espera quirúrgica, hay más de 400.000 andaluces esperando (700 días de media) la ayuda a la Dependencia y no se atienden las justas reinvindicaciones laborales de los trabajadores, siendo nuestra comunidad la más beneficiosa del reparto de fondos europeos.
Hechos que demuestran la nefasta gestión de Moreno Bonilla al frente de la Junta de Andalucía y la necesidad de propiciar un cambio que permita a Juan Espadas poner en marcha su proyecto político en sintonía con el Gobierno de España, lo que nos facilitará avanzar y recuperar derechos, modernizarnos digitalmente y recobrar la fortaleza de nuestros servicios públicos.
Alfonso Muñoz Cuenca
Senador del PSOE por Córdoba
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