Por una escuela pública renovada

1. La Escuela Pública ante los nuevos retos sociales y educativos.

La Asociación para el Progreso y Modernización de Córdoba-Futura, promovió un debate el pasado 22 de febrero sobre la situación actual de la educación en Andalucía, en el que tuve la ocasión de participar como ponente y expuse las siguientes reflexiones y aportaciones para la mejora de la escuela pública.

En la actualidad estamos constatando la consolidación de un proceso de mercantilización del sistema educativo, desde la perspectiva de los planteamientos neoliberales del mercado, que pretenden privatizar los servicios básicos y necesarios, en menoscabo de la atención solidaria que requieren los sectores de población más vulnerables y discriminados.

La libre elección de centros por parte de las familias junto con la autorregulación del acceso a la educación son los argumentos en los que se fundamenta la economía de mercado, especialmente orientada a la prestación de servicios. En la educación se ha incluido el criterio de gestión en la elección de centro, planteamiento que está determinado por el modelo de educación elegido por las familias.

En esta perspectiva de la educación influye el avance de la privatización, que es parte de las tendencias básicas del neoliberalismo, que pone el punto de mira exclusivamente en la oferta y en la demanda. No obstante, en este contexto la escuela pública sigue siendo necesaria y requiere de apoyo institucional y social.

Para poder ofrecer una enseñanza de calidad adaptada a las necesidades actuales, los centros públicos necesitan en estos momentos de una mayor inversión por las Administraciones educativas en la mejora de las edificaciones, instalaciones y de los recursos materiales y económicos, así como la reducción de la ratio, el aumento de las plantillas del profesorado y la formación permanente del mismo, para mejorar la calidad de la enseñanza y de la educación.

En estos momentos la escuela pública de Andalucía está desprotegida y desvalorizada por la falta de apoyo institucional en el reconocimiento de que es un servicio esencial y necesario para la ciudadanía, en general, que hay que proteger y promover.

El Estado y las Administraciones educativas ante la caída de la demanda de puestos escolares por la baja natalidad, tendrían que replantearse, como responsables de la programación general de la enseñanza, el establecimiento de un nuevo marco de concesión de autorizaciones de centros privados y de conciertos educativos para dar estabilidad y continuidad a la enseñanza pública.

El que la Constitución reconozca el derecho de las personas físicas y jurídicas a la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales, no limita la responsabilidad que tienen los gobernantes de establecer las normas básicas y los requisitos para el ejercicio de este derecho. Y es en la asunción de las competencias otorgadas y de la programación general de la enseñanza donde tienen que equilibrar y administrar el ejercicio del derecho de todos a la educación con el de la libertad de enseñanza y la creación de centros docentes, contando con la participación real y efectiva de todos los sectores implicados en la educación.

Por tanto, se ha de considerar la relevancia y permanencia de la escuela pública, demandada por amplios sectores de la sociedad, que apuestan por seguir defendiéndola y protegiéndola por su carácter igualitario, plural y democrático frente a las opciones que pretenden privatizar los servicios básicos y necesarios. De alterase este derecho a la educación pública, el ejercicio de la igualdad de oportunidades puede quedar en entredicho si se cierran centros públicos o se reduce la oferta de los mismos.

En este sentido, es relevante recurrir al análisis del marco normativo vigente y a las fuentes en las que se inspira, para poner en valor los principios y presupuestos en los que ha de sustentarse la renovación y mejora de la Escuela Pública.

La Declaraciones Universal de los Derechos Humanos (1948) en su artículo 26 reconoce que toda persona tiene derecho a la educación, que debe ser gratuita y obligatoria, al menos en la instrucción elemental y fundamental, teniendo los padres derecho preferente a escoger el tipo de educación para sus hijos. Considera que la educación debe fortalecer el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.

La Declaración Universal de los Derechos de la Infancia (1959) en el principio 7 establece que el niño tiene derecho a recibir educación, que ha de ser gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales, que se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, llegar a ser un miembro útil de la sociedad.

La Agenda 2030 de la ONU (2015), se plantea para el siglo XXI, en el marco de Objetivos de Desarrollo Sostenible, el acceso a la educación en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres como una forma de luchar contra la pobreza, la desigualdad y el acceso a una mejor calidad de vida. Pretende garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos/as.

La LOMLOE (2020) establece un renovado ordenamiento legal para promover las oportunidades educativas y formativas de toda la población, que contribuya a la mejora de los resultados educativos del alumnado y satisfaga la demanda generalizada de una educación de calidad para todos/as.

Armoniza el principio de libertad de enseñanza con el derecho a la libertad de elección de centros por las familias, al considerar que la enseñanza privada concertada realiza un servicio público, aunque considera que la Escuela Pública debe ser el eje vertebrador del sistema educativo.

Apuesta por la igualdad de género a través de la coeducación y fomenta en todas las etapas el aprendizaje de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual.

Plantea desde una perspectiva transversal que todo el alumnado debe tener garantías de éxito en la educación por medio de una dinámica de mejora continua de los centros educativos y una mayor personalización del aprendizaje.

Reconoce la importancia de atender al desarrollo sostenible conforme a la Agenda 2030, incorporando los conocimientos, capacidades, valores y actitudes que necesitan todas las personas para asumir un papel activo para afrontar y resolver los problemas de todos los ciudadanos del mundo.

La Ley insiste en la necesidad de tener en cuenta el cambio digital que se está produciendo en nuestras sociedades y que afecta a la actividad educativa. Considera que el mundo digital es un nuevo hábitat en el que la infancia y la juventud viven cada vez más, por lo que incluye la atención al desarrollo de la competencia digital, haciendo hincapié en la brecha digital de género.

Con estos planteamientos la LOMLOE tiene como objetivo reforzar la equidad y la capacidad inclusiva del sistema, cuyo principal eje vertebrador es la educación comprensiva, haciendo efectivo el derecho a la educación inclusiva.

2. Hacia un nuevo modelo de Escuela Pública para el mundo de hoy.

La supuesta insatisfacción de las familias sobre la situación por la que atraviesa la escuela pública y el riesgo de desvanecimiento y desmantelamiento paulatino de la oferta pública, requiere que exijamos a los gobernantes su defensa y protección para que siga siendo una herramienta de cohesión e integración social.

Para ello se hace preciso e imprescindible que se desarrolle y concrete la LOMLOE para que los principios, valores y enfoques establecidos en la misma se hagan reales y efectivos en el ejercicio de la práctica docente y en la educación del alumnado.

No obstante, se hace necesaria la renovación y adecuación del modelo de escuela púbica a las exigencias del mundo de hoy, contando con la implicación de amplios sectores sociales, de los partidos políticos y de los movimientos sindicales que apuesten por el fortalecimiento de este servicio para afrontar los retos de la globalización y de los cambios que se avecinan.

En la sociedad digital en la que estamos inmersos, en la que predominan internet, el big data, y la inteligencia artificial y las tecnologías y sistemas de comunicación y de información, están aumentando la desigualdad en todo el mundo y la vulneración de los derechos humanos, al basarse en modelos económicos que perpetúan la discriminación y la marginación.

Para que la oferta educativa pública sea un referente para las familias es indispensable que la educación sea de calidad, que genere de forma equitativa oportunidades legítimas de progreso y prosperidad y fomente en el alumnado unos valores democráticos coherentes con el ejercicio y respeto de los derechos humanos.

Hoy más que nunca es ineludible seguir manteniendo vivo el ideal democrático de una escuela pública para todos, que es el modelo éticamente defendible frente a modelos elitistas y clasistas. La defensa de lo público debe conllevar una creencia profunda en la igualdad de derechos humanos para todas y cada una de las personas que integran la sociedad.

La escuela pública que queremos debe atender las necesidades de la sociedad española en los comienzos del siglo XXI y basarse en los principios recogidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales firmados por España. Ha de mantener y fortalecer las características que la definen en un estado democrático, porque no hay democracia sin el carácter público e igualitario de la escuela.

Por tanto, la Escuela Pública ha de promover una educación emancipadora, integral, intercultural, plural, laica y participativa para contribuir a la vertebración democrática de la sociedad e impulsar una cultura de implicación y de toma de decisiones de forma participativa de todos los sectores educativos. 

La Escuela Pública también ha de ser inclusiva y no segregar ni excluir a ningún colectivo que por diversas razones puede ser discriminado socialmente. En ella han de caber todas las personas, sea cual sea su cultura, su etnia, su condición física o intelectual, su situación social, su opción sexual.

Ha de atender al alumnado desde el respeto a la diversidad y a la diferencia entre el alumnado, y ha de fomentar el espíritu crítico y el pensamiento divergente para que conforme su propia personalidad y criterio ante las situaciones y respuestas que ha de ir dando a los conflictos y problemáticas en los que se encuentra o llegará a estar inmerso.

La construcción de un modelo de escuela pública renovado que responda a los tiempos de ahora ha de generar cambios en la práctica docente, tal y como se preconiza en la LOMLOE, fomentando el desarrollo de competencias clave y específicas en el alumnado en diferentes escenarios y espacios educativos, para que pueda progresar en sus conocimientos y afrontar los principales retos y desafíos globales, desde su vida cotidiana y el entorno inmediato.

Este modelo propuesto de Escuela Pública ha de ser identificado y reconocido por las familias en su propio entorno por la calidad de los servicios educativos que preste y por el propio proyecto educativo que promueva. Por ello, es importante que se reconozca y apoye la labor de los docentes en la planificación y desarrollo de un currículo escolar organizado en torno a situaciones de aprendizaje interdisciplinares, a lo largo de cada curso, que partan de un enfoque interdisciplinar, integrador y holístico de los procesos de enseñanza/aprendizaje para que el alumnado vaya alcanzando los objetivos generales y el nivel competencial previsto.

Por todo ello, considero que se hace necesario revertir la situación actual por la que atraviesa el sistema educativo y, en concreto, la escuela pública y exigir a los poderes públicos su apoyo, protección y defensa. No se trata solo de denunciar la desatención que está teniendo y de reivindicar la mejora de recursos económicos, materiales y humanos, sino de redefinir la funcional social que ha de tener ante los retos que la sociedad y las personas están afrontando en un mundo tan cambiante, lleno de incertidumbre e indefinición de cara al futuro y, a su vez, tan dirigido y controlado por determinados poderes económicos y políticos, a nivel mundial.