Por qué defendería a Nicolás Maduro

Si Nicolás Maduro me llamara, asumiría su defensa ante los tribunales de Nueva York tras la manifiestamente ilegal detención de que fue víctima hace unos días.

El legendario letrado Jacques Vergès —conocido como “el abogado del terror” o “el abogado del diablo” por, entre otros asuntos, haber defendido a individuos como el venezolano Carlos el Chacal, el nazi Klaus Barbie, o el exlíder de los Jemeres rojos— admitió en cierta ocasión, con evidente aire provocador, que habría defendido a Adolf Hitler y a Osama Bin Laden, y que, por qué no, también asumiría la representación legal en juicio del mismísimo George W. Bush, eso sí, “siempre que se declarara culpable”.

En su interesante libro Calle Londres 38, el abogado y profesor Philippe Sands relata la laberíntica y desigual batalla legal librada entre el derecho internacional —singularizado en aquel caso en el hoy ya prácticamente difunto principio de Justicia Universal— y el exdictador chileno Augusto Pinochet, quien fuera legalmente arrestado en Londres y quien, finalmente, fuera legalmente liberado. Toda una guerra judicial que, sin perjuicio de que terminara en otra nueva derrota para la Justicia, significó una histórica victoria para la dignidad.

No se trata, por tanto, de que Nicolás Maduro sea o no un dictador o un reyezuelo, o incluso que pueda ser calificado como “terrorista” —ese término, más político que jurídico, que sirve para deslegitimar de antemano a cualquier acusado, devaluando antes de que pueda abrir la boca cualquier cosa que pueda aducir en su defensa—, lo relevante es que si debe ser juzgado —eso sí, con todas las garantías—, me gustaría verlo sentado o en el estrado de un tribunal venezolano, o en el del Tribunal Penal de La Haya, un organismo democrático internacional del que, por cierto, Estados Unidos no es parte y sí lo es el país caribeño.

El derecho pretende ser siempre —lo consiga o no, esa es otra cuestión— una defensa que proteja a los más débiles. Una vez que el poder se dirige contra una persona, esta corre el peligro de quedar al albur de las armas, de los golpes o de las rejas, de ahí que la ley sea ese mínimo cobijo que cabe esperar para resguardarse, dignamente, frente a los embates de quien tiene la sartén por el mango. De ahí que respetar las normas, incluso ante los personajes que nos puedan parecer más viles o despreciables, no sólo es una victoria de eso tan discutible y lábil que llamamos “progreso moral” sino que, además, evita la arbitrariedad y los excesos inevitables de quien pueda tener la tentación de creerse algo así como el sheriff del lugar.

La mayoría de los tópicos tienen algo de cierto, y ya se sabe que la verdad y el poder, aunque también tienen sus más y sus menos, suelen convivir de manera más que aceptable, de tal suerte que quien paga normalmente termina pudiendo decidir, o imponer, qué debemos creer como cierto o qué debemos despreciar por falso. Pues bien, uno de esos tópicos, muy conocido, es el que alude a que conviene poner el grito en el cielo cuando vienen a por otros que no somos nosotros —los judíos, los negros, los homosexuales… los presidentes de países soberanos— porque, más pronto que tarde, pueden venir a por nosotros y ya no quedará nadie a salvo para tratar de echarnos una mano.

Por esas y otras razones defendería también, ante un tribunal legítimo y tras la también legal y respetuosa actuación conforme a las normas establecidas democráticamente —vale que siempre perfectibles y mejorables, pero esa, ya lo hemos dicho, también es otra cuestión— a Donald Trump.

Eso sí, siempre que se declarara culpable.