Imagine —querido lector, querida lectora— que un velo le cubriera por completo impidiéndole ver qué se va a encontrar una vez que se alce: no sabe si será hombre o mujer, morena o rubio; desconoce el color de sus ojos y el tono de su piel; ignora el código postal del lugar en el que le ha tocado vivir; y nada prevé acerca de su fuerza, sus habilidades, su inteligencia o sus posibles limitaciones y carencias.

En 1971 se publicó Teoría de la justicia, una obra que marcaría el discurso de la filosofía política durante décadas. Escrita por John Rawls, en ella se entiende la justicia como la principal virtud pública de una sociedad, el pilar sobre el que se construya una buena vida buena. Para el profesor de Harvard, los principios que organicen la sociedad deben garantizar que todos sus miembros, sin excepción, tengan iguales libertades básicas y una igualdad equitativa de oportunidades. Partiendo de esas dos exigencias, las desigualdades sociales y económicas —que no pocas veces dependen más del puro azar de lo que creemos— solo serían admisibles si redundan en el mayor beneficio posible de los miembros menos favorecidos de la sociedad, conforme al llamado “principio de diferencia”.

Por ejemplo, pagar más a determinados profesionales podría estar justificado si ese incentivo resulta necesario para que desempeñen un trabajo cuya realización mejora la situación de los menos favorecidos. Además, en un sistema fiscal progresivo como el que establece nuestra Constitución, quienes perciben mayores ingresos contribuyen en mayor proporción a financiar prestaciones y servicios públicos que pueden beneficiar especialmente a quienes más lo necesitan.