De la utopía al derecho a tener derechos

Hay frases que, por sí mismas, servirían para justificar el trabajo intelectual de una persona a lo largo de toda una vida. Es el caso de las conocidas “sólo sé que no sé nada”, “pienso luego existo”, o “soy yo y mis circunstancias”. Una de las más evocadoras y que encierra una mayor potencia y capacidad para hacernos reflexionar acerca de qué tipo de sociedad queremos ser es el célebre “derecho a tener derechos” reivindicado por Hannah Arendt en su monumental obra Los orígenes del totalitarismo, un libro al que, dados los vientos que corren, no estaría de más volver de tanto en cuanto para así recordar que no resulta tan difícil, en el contexto propicio, desembocar en un régimen en el que algunos seres humanos terminen siendo algo superfluo o prescindible.

Como supo ver la pensadora de origen turco Seyla Benhabib, en la conocida y muy citada afirmación de Arendt la palabra “derecho”, aunque se repite en una misma frase, no quiere decir lo mismo la primera y la segunda ocasión en que se usa, de tal modo que cuando se utiliza la última vez parece evidente que se quiere aludir a eso que llamamos “derecho objetivo”, es decir y por ejemplo, derecho a la educación, a la sanidad, a determinadas prestaciones, etc.; si bien y por el contrario, cuando se usa en primer lugar la palabra “derecho” se referiría a una exigencia de orden moral, es decir, a un imperativo que, más allá del concreto contenido que las leyes de un determinado país pudieran tener, debe reclamarse y defenderse a favor de cualquier ser humano por el mero hecho de serlo. Un “derecho”, en resumen, por el que merece la pena luchar.

Es más, incluso podríamos decir que si bien el segundo “derechos” alude a los derechos fundamentales —recogidos y protegidos por nuestra Constitución, por la Declaración Universal de la ONU de 1948 o por el Convenio del Consejo de Europa de 1950—, el primer “derecho” estaría más próximo a eso que, más etéreamente, llamamos “derechos humanos” los cuales —argumentaba el filósofo malagueño Javier Muguerza— están próximos a la ética pública y si bien no son ley en sentido estricto entre tanto no se reconozcan en un determinado ordenamiento jurídico —es decir, mientras que no sean recogidos en un texto legal o constitucional, lo que los tornaría ya, casi por arte de magia, en genuinos “derechos fundamentales”—, constituirían nada más, pero tampoco nada menos, que “aspiraciones o exigencias morales” en todo punto ineludibles por una ciudadanía decente.

Pues bien, si concedemos que los tan mentados derechos humanos —como sería el caso del derecho (humano) a tener derechos (fundamentales)— no son sino exigencias morales que fruto de la reflexión ética aspiran a convertirse en leyes de cada país, igualmente deberíamos mostrarnos conformes en que tal aspiración se hace “en nombre de la Justicia” y con la legítima finalidad de crear un “derecho justo”, que es algo muy diferente, desde el punto de vista cualitativo, del mero derecho “legal” —como podrían ser los decretos firmados caprichosa y aparatosamente por alguien como Trump—, el cual, aunque en ocasiones pueda ser ilegítimo, eso no le impediría irradiar plenos efectos —indeseables, eso sí— en nuestras vidas.

Sin embargo todo lo dicho, tampoco se le escapará a nadie que una determinada ley por muy susceptible de tenerse como “derecho justo” que se quiera, seguirá en todo caso sin representar una irreprochable, perfecta e inmutable coincidencia absoluta entre Justicia y Derecho, ya que, “siempre nos será dado imaginar un derecho más justo que el hasta ahora conocido”; de ahí se colegiría que aunque las leyes y el derecho son productos imperfectos de este mundo, por el contrario, la Justicia tendría su domicilio en la utopía, la cual, como estamos acostumbrados a observar, se alejaría continuamente de nosotros como la línea del horizonte cuando avanzamos hacia ella, precisamente en la medida en que tratamos de alcanzarla, lo que explicaría que a la pregunta “¿Para qué sirven las utopías?”, Eduardo Galeano no dudara en responder que “para hacernos caminar hacia delante”. Y algo muy semejante vendría a ocurrir con la Justicia pues a la pregunta “¿Para qué sirve la Justicia?” habría de responderse, de análoga manera, que “la Justicia sirve para hacer avanzar al Derecho”, esto es, para hacerlo “más justo” cada día. O, dicho a nuestro modo, para acomodarlo cada vez más a esas exigencias morales que son los derechos humanos.

Todo lo anterior nos podría valer, en definitiva, para justificar que personas que conviven con nosotros en nuestros barrios, que comparten nuestro espacio público o que tienen hijos que aprenden en la misma escuela que los nuestros puedan, por fin, tener los mismos derechos que tenemos nosotros, y de los que hay quienes los quieren excluir, por la mera razón —azarosa— de no haber nacido en este lado del océano, al norte de la miseria o al oeste del amanecer. Por haber nacido en lugares, todos ellos, desde los que la utopía se alcanza a ver allá a lo lejos, justo en la línea del esquivo horizonte.