Transparencia en la cadena agroalimentaria

He decidido comprar lo mínimo posible en las grandes cadenas de distribución y sobre todo, he decidido no comprar en aquellos establecimientos que no prioricen la venta de los productos provinciales y regionales. Al fin y al cabo, estamos hablando de compromisos. Corresponsabilidad con la población dónde se asienta el establecimiento, al menos con algún producto que sea clave para la economía provincial.  Ya lo decía la semana pasada aquí, en esta besana de blogópolis: es necesario que exijamos la procedencia de los artículos y productos que adquirimos. Así, si en un supermercado, por poner un ejemplo, no tienen la naranja de Palma del Río y de su comarca, pues no deberíamos de comprarle la fruta. Si todos los consumidores actuásemos así, la cadena de que se trate, indudablemente que pondría en sus lineales productos autóctonos.

Esperemos que estas cuestiones y otras más, puedan verse reflejadas en esa norma que prepara el Ministerio de Agricultura sobre la clarificación del conjunto de la cadena alimentaria. El Gobierno pretende, en su objetivo, acabar con la actual situación de desequilibrio. Este se produce entre la gran distribución sobre los industriales y los agricultores y ganaderos, en algunos casos, y en otros es la industria la que presiona a los productores.

El sector agrario, siempre ha demandado una clarificación y transparencia en las relaciones comerciales. ¿Tan difícil es la implantación de contratos por escrito, doble etiquetado, etcétera?. Y aunque el proyecto de ley habla de un Código de Buenas Prácticas, eso sí, de carácter voluntario, por lo que es vital imponer esa fuerza que tenemos los consumidores “comprometidos” con nuestra compra. Si una empresa, acogida a este Código de Buenas Prácticas, se implica con su entorno social, seguro que sus resultados económicos serán más satisfactorios.

Hace unos días se publicó un estudio de ESADE sobre las marcas de fabricante. Estas aportan casi el 7% del  PIB y generan más de un millón de empleos, así como un impacto positivo en exportación y en I+D+i.

En los últimos años, está aumentando la cuota de mercado de la marca de distribución y el consiguiente retroceso de la marca de fabricante, con lo que esta situación se está traduciendo en una pérdida considerable de riqueza económica para el país, en términos de valor añadido, empleo e inversión en investigación. La explicación es que las inversiones que dejan de hacer las marcas de fabricante, acuciadas, por otra parte, por el descenso en sus ventas no son sustituidas por las marcas del distribuidor cuya política comercial se basa en bajos costes, inversiones mínimas o nulas, y poco valor añadido. En resumen más pobreza. Es muy importante seguir invirtiendo en innovación e investigación. Y lo que es más primordial, el consumidor tiene que tener la oportunidad y libertad de elegir entre una variedad de artículos suficientes para satisfacer sus gustos y necesidades.

Esperemos que el citado Anteproyecto de Ley de Medidas de Mejora de la Cadena Agroalimentaria pueda ser una oportunidad única para crear valor en la cadena, así como la de llevar transparencia a la misma y ordenar sus relaciones en beneficio del consumidor y que no quede en otro de tantos brindis al sol.