El PSOE afirma que “el PP es cómplice del modelo de dependencia 'low cost' a costa de exprimir a trabajadores”

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha afirmado este martes que “el PP es cómplice del modelo de dependencia 'low cost' de Atenda a costa de exprimir a trabajadores”, a la vez que ha valorado la “importante” sentencia judicial obtenida por UGT frente a dicha multinacional adjudicataria del Servicio de Ayuda a Domicilio en la ciudad, una resolución que estima íntegramente las demandas planteadas por las trabajadoras y obliga a la empresa a corregir prácticas laborales contrarias a derecho.

En una rueda de prensa, Moya ha manifestado que “es un fallo judicial durísimo que confirma lo que las auxiliares llevan meses denunciando y que sitúa al alcalde y a su equipo de gobierno ante una responsabilidad política de la que no pueden seguir escondiéndose”. La edil socialista ha preguntado “qué papel ha desempeñado el Consistorio en la vigilancia y fiscalización de un contrato público que afecta a un servicio esencial para miles de personas dependientes”.

Así, la concejal ha señalado que, “si se aplicara de forma estricta la Ley de Contratos del Sector Público, unos incumplimientos laborales de esta gravedad deberían conllevar la resolución del contrato con Atende”. “Esta empresa no debería gestionar ni un euro público más”, ha aseverado.

Sin embargo, ha advertido de que “el gobierno del PP ha permitido durante estos dos años que la empresa se convierta en un operador prácticamente intocable”. “Hoy rescindir el contrato de forma inmediata supondría dejar desamparadas a miles de personas dependientes de Córdoba que necesitan esta ayuda para comer, vestirse o levantarse de la cama”, ha apuntado, para remarcar que “el problema no es sólo Atende; el problema es que el PP ha sido incapaz de prever una alternativa y ha dejado al Ayuntamiento sin capacidad de reacción ante los incumplimientos de la concesionaria”.

En este sentido, Moya ha asegurado que “la sentencia retrata la complicidad y los brazos cruzados del equipo de gobierno”. “No hablamos de un hecho aislado, porque durante meses las trabajadoras han denunciado públicamente recortes en los descansos, impagos de horas trabajadas, contratación parcial en lugar de ampliar jornadas o condiciones laborales precarias”, ha recordado.

“Complicidad por omisión”

Además, ha mencionado que “el PSOE ha llevado reiteradamente estas denuncias a los plenos municipales y la respuesta del gobierno de Bellido siempre ha sido mirar hacia otro lado”, de modo que “han tenido que ser las trabajadoras, de la mano de UGT, quienes acudieran a los tribunales para demostrar lo que el Ayuntamiento tenía la obligación de vigilar”. “Es una complicidad por omisión de manual”, ha apostillado.

Al respecto, la edil socialista ha reprochado que “esta situación responde a un modelo ideológico de dependencia 'low cost' impulsado por el PP”. Según ha explicado, “el gobierno municipal prioriza la financiación de expedientes de menor intensidad, concediendo prestaciones con pocas horas de atención para incrementar artificialmente el número de beneficiarios”.

“El PP busca volumen y bajo coste para presumir de gestión, pero ese modelo necesita empresas dispuestas a recortar derechos laborales para mantener sus beneficios, y ahí encaja perfectamente Atende”, ha asegurado Moya.

La concejal ha señalado que “la empresa sostiene ese modelo a costa de las trabajadoras, reduciendo tiempos de desplazamiento, eliminando descansos, fragmentando jornadas, incumpliendo el convenio colectivo mediante la contratación sistemática de personal a tiempo parcial en lugar de ampliar la jornada de quienes ya trabajan y vulnerando derechos laborales básicos”.

“Es un negocio perfecto para ambos”, de manera que “el PP maquilla las listas de espera ofreciendo servicios mínimos y la multinacional incrementa sus beneficios exprimiendo a una plantilla precarizada que incluso tiene que acudir a los tribunales para que se respete el convenio colectivo”, ha declarado, para subrayar que “esto ya no es un problema de mala gestión; es un modelo político que utiliza el dinero público para deteriorar los servicios sociales mientras mira hacia otro lado cuando se vulneran los derechos de las trabajadoras”.

Incremento “histórico” en la financiación estatal de la dependencia

Moya también ha resaltado que “el dinero no puede utilizarse como excusa”. En este sentido, ha destacado que “el Gobierno de España ha aprobado un nuevo incremento histórico de la financiación destinada al sistema de dependencia, con 957 millones de euros para 2026 y 1.275 millones para 2027, con el objetivo de reducir listas de espera, mejorar la atención y dignificar las condiciones laborales del sector”.

“Hay más recursos que nunca para fortalecer el sistema de dependencia, pero en Córdoba tenemos un gobierno local incapaz de gestionarlos con eficacia y de garantizar que ese dinero público redunde en una mejor atención y en mejores condiciones para quienes prestan el servicio”, ha censurado.

Por ello, el Grupo Municipal Socialista ha planteado una propuesta concreta al equipo de gobierno. “Aprovechando que al contrato actual le resta aproximadamente un año de ejecución, el PSOE solicita que el Ayuntamiento prepare desde ahora un nuevo pliego que divida obligatoriamente el servicio por distritos y descarte las prórrogas previstas”, ha explicado.

En palabras de la edil, “no se puede volver a entregar todo el Servicio de Ayuda a Domicilio a un único gigante empresarial”, de manera que ha expuesto que “dividir el contrato por zonas geográficas, como ya hacen otras ciudades, permitirá la entrada de empresas más pequeñas, cooperativas de iniciativa social y entidades locales”.

A su juicio, “es la mejor fórmula para garantizar un servicio más cercano y de mayor calidad para las personas dependientes, mejorar el control del Ayuntamiento sobre la ejecución del contrato y asegurar que el dinero público se destina a cuidar mejor a los mayores y a respetar los derechos laborales de las trabajadoras, en lugar de alimentar los beneficios de una multinacional que incumple el convenio”.