El PP pedirá al Gobierno en el Pleno la financiación necesaria para convertir la N-432 en autovía

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha presentado este lunes las mociones de su grupo para el Pleno del jueves, un total de cuatro, tocando en parte “la gravísima situación política que se vive a nivel nacional que tiene su repercusión también con alguna ramificación en la provincia” con los casos judiciales, así como para instar al Gobierno de España a disponer la financiación necesaria para la conversión de la N-432 en autovía.

En este sentido, apuntan que la conversión en autovía de la N-432, que transcurre desde Badajoz a Granada, con un recorrido importante por Córdoba, es “un proyecto enquistado que no tiene un horizonte claro”, sino “más bien todo lo contrario”, cuando “el impulso a esta actuación es una reivindicación histórica de las provincias de Córdoba, Granada, Jaén y Badajoz”.

Así, defienden que “su puesta en marcha conectaría las dos comunidades autónomas, fomentaría el desarrollo económico y social de estos territorios y, un aspecto fundamental, reduciría el acto índice de siniestralidad que registra esta vía”, dado que “en lo que va de año se han contabilizado seis muertes en los casi 200 kilómetros de esta calzada que transitan por la geografía cordobesa”.

En concreto, los accidentes de tráfico se produjeron en Villaharta, con un motorista de 61 años fallecido; en Luque, con un joven que murió en un choque frontal; Espiel, donde un operario de 52 años fue atropellado, y en Baena , donde murieron tres personas de 54, 76 y 82 años. “Estas seis personas fallecidas suponen la mitad de los 12 muertes registradas en las carreteras de la provincia en los primeros meses de este año, y sólo en una vía”, remarcan desde el PP.

Ante todo ello, demandan al Ejecutivo central a “agilizar todos los trámites para no demorar más el proyecto, como son la tramitación ambiental, estudios de anteproyecto o alternativas de mejora”, después de que “la propia Unión Europea ha puesto en evidencia al Gobierno por dejar la A-81 fuera de la Red Transeuropea de Transportes por Carretera, ante la falta de estudios informativos oficiales que justifiquen ante Europa la necesidad de construirla”.

En cuanto a la política nacional de “un gobierno socialista enfangado por la corrupción”, el portavoz ha presentado una moción para condenar “los comportamientos machistas” revelados en el caso 'Koldo' y exigir “coherencia a quienes presumen de feminismo en la vida política”.

Al respecto, manifiestan que “el Ayuntamiento condena con firmeza las actitudes machistas, cosificadoras y denigrantes hacia las mujeres conocidas en el marco del caso 'Koldo' y considera especialmente grave que estas provengan del entorno de una formación política que ha hecho del feminismo una de sus principales señas de identidad”.

Asimismo, subrayan que “el Pleno del Consistorio reitera su compromiso con las políticas de igualdad reales y con la lucha contra la prostitución, la trata y cualquier forma de explotación de la mujer”.

En una tercera moción, desde el PP proponen apoyar a los jueces, magistrados y los medios de comunicación, “ante los intentos de intervenir en el sistema de elección de los jueces y en los procedimientos judiciales, relegando a un papel secundario la independencia judicial”, y “también poniendo en cuestión a algunos medios de comunicación por el sencillo hecho de que al partido en el Gobierno no le gusta la línea editorial”.

De este modo, piden apoyar y reconocer la labor de los jueces y magistrados, “cuya independencia es imprescindible para la preservación del Estado de Derecho y garantía del sometimiento de la actuación de los poderes públicos al imperio de la ley”; apoyar y reconocer la labor de los medios de comunicación, “fundamental en una sociedad libre y democrática”, y reafirmar “la importancia de garantizar el derecho constitucional a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”.

Instan al Gobierno de España a “dejar trabajar a los jueces, cesando en sus constantes presiones, injerencias y descalificaciones con motivo de cada una de las numerosas investigaciones judiciales que le afectan”; que el Ejecutivo deje de “interferir en la libertad informativa de los medios de comunicación”, y retirar “todas sus iniciativas legislativas que responden al propósito de someter a control político la labor de jueces y fiscales, o de medios de comunicación privados”.

Y en la cuarta propuesta, los populares solicitan reconocer, respetar y apoyar la labor de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, “su sentido de la responsabilidad, su capacidad de sacrificio, su entrega a los demás, la solidaridad con los más vulnerables y su lealtad democrática”.

Igualmente, reclaman “cumplir con la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo el 21 de mayo, contra la desestimación por silencio administrativo del Consejo de Ministros a la solicitud sindical de la Policía Nacional para aplicar coeficientes reductores de la edad de jubilación, obligándole a regular de forma inmediata la jubilación anticipada para los policías nacionales del Régimen General de la Seguridad Social”.

También, crear una comisión interministerial, en la que participen funcionarios del Ministerio del Interior, de la Seguridad Social y representantes de las asociaciones de la Benemérita y de los sindicatos de la Policía Nacional, para “el adecuado cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo”.

Convocar “a la mayor brevedad posible” un Consejo ordinario de la Policía Nacional y desarrollar reglamentariamente su funcionamiento, tal y como exige la Ley Orgánica 9/2015 de régimen de personal de la Policía Nacional; respetar “la indelegabilidad de las competencias del Estado en política migratoria y el control de las fronteras, tal y como disponen la Constitución, y múltiples sentencias del Tribunal Constitucional”.

Respetar las competencias exclusivas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, “reforzando la disponibilidad de recursos humanos y medios necesarios para ello”, y promover una política migratoria “ordenada” y solicitar a la UE “el despliegue inmediato de efectivos de Frontex en la ruta canaria para apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la gestión de la crisis migratoria, y coordinarse con las autoridades europeas para implementar una política firme contra las mafias que trafican con personas”.