El PCA apoya a las trabajadoras de la limpieza frente a “los abusos de la patronal”

El Área Feminista del Partido Comunista de Andalucía (PCA) en Córdoba ha manifestado este lunes su “total apoyo a las reivindicaciones de las trabajadoras de la limpieza” de la provincia frente a “los abusos de la patronal, que han llevado al bloqueo de las negociaciones del convenio colectivo por su negativa a hacer efectiva la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)”.

Ello, según han señalado en una nota las responsables del Área Feminista del PCA de Córdoba a nivel provincial y local, Lucía Alcántara y Sacri Pozo, respectivamente, “supone de facto un incumplimiento flagrante y manifiesto de la legislación laboral, que es de obligado cumplimiento”.

A este respecto, han recordado que “la patronal pretende que las trabajadoras pierdan los complementos salariales que les pertenecen legítimamente, para así no tener que asumir la subida del SMI”. Esta postura conlleva “negarles el acceso a derechos laborales conquistados y perpetuar la precariedad, algo que no vamos a consentir”.

Junto a ello, las responsables del Área Feminista del PCA en Córdoba han explicado que “el de la limpieza es un sector esencial que está especialmente precarizado y conformado por mujeres en su práctica totalidad”, por lo que, “con esta postura la patronal, no solo está torpedeando el derecho de estas trabajadoras a ver mejoradas sus condiciones laborales, sino también está obstaculizando las medidas que pone en marcha el Ministerio de Trabajo del Gobierno central contra las brechas de género, la desigualdad en el ámbito laboral y la feminización de la pobreza”.

Por todo ello, desde el PCA de Córdoba se ponen “a disposición de las trabajadoras, para organizar y secundar cuantas movilizaciones tengan previstas, hasta que la patronal ceda y la negociación colectiva permita alcanzar un convenio justo”, algo que pasa necesariamente por “hacer efectiva la subida del SMI, respetando los complementos”.

Desde el PCA han criticado, además, “las trabas que están encontrando las trabajadoras en el ejercicio de su derecho a la protesta, desde la obstaculización de su derecho a huelga”, al haber fijado la Junta de Andalucía “unos servicios mínimos del 100 por 100 en los hospitales públicos, hasta el secuestro de los fondos de su caja de resistencia por parte de una plataforma 'on line', que tiene retenidos” más de 9.000 euros, “que pertenecen a las trabajadoras y que corresponden a donaciones de personas anónimas que han querido apoyar su batalla”.