La Junta y la prisión de Córdoba impulsan la calidad en el tratamiento de adicciones de los internos

La directora general de Atención Sociosanitaria, Salud Mental y Adicciones de la Junta, Trinidad Rus, y la directora del Centro Penitenciario de Córdoba, Yolanda González, se han reunido este miércoles, para, según el convenio suscrito el pasado verano entre la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, y el secretario general de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, Ángel Luis Ortiz, impulsar la calidad en el tratamiento de adicciones y la continuidad asistencial de los internos.

Así, según ha informado la Junta en una nota, en la actualidad y en función de dicho acuerdo en materia de programas de intervención para personas con adicciones y formación dirigida al personal de la prisión cordobesa, son atendidos 883 reclusos con problemas de adicciones, 849 hombres y 34 mujeres, mientras que 155 internos están siendo atendidos con el Programa de Tratamiento de Metadona.

La Consejería de Salud y Consumo ostenta la competencia para el desarrollo, coordinación y evaluación de las políticas en materia de prevención, asistencia, tratamiento y reinserción de personas con adiciones, de acuerdo con la Estrategia Nacional sobre Adicciones y con el II Plan Andaluz sobre Drogas y Adiciones.

A este respecto, la delegada de Salud y Consumo de la Junta en Córdoba, María Jesús Botella, también presente en la reunión celebrada este miércoles en la Delegación de Salud en la provincia, ha explicado que el objetivo de este convenio es establecer una coordinación y colaboración con la prisión a través de actuaciones de carácter asistencial, “que permitan que los pacientes que hayan comenzado el tratamiento en el centro lo puedan continuar a su salida en la Red Pública de Atención a las Adicciones en Andalucía”.

Igualmente, dicho convenio permite que aquellas personas que han comenzado el tratamiento en la red, puedan continuar con el mismo en caso de ingreso en el centro penitenciario. En suma, se pretende un intercambio y apoyo mutuo para una mayor calidad y eficacia en las intervenciones en adiciones en el centro y facilitar la continuidad asistencial.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por su parte, se compromete a poner a disposición de la Junta la infraestructura, equipamientos y personal necesarios en el Centro Penitenciario de Córdoba, consensuar las actividades preventivas y de inserción social, así como a facilitar la colaboración entre el equipo del establecimiento penitenciario y el del Centro Provincial de Drogodependencias y Adicciones, para garantizar la continuidad asistencial.

Por su parte, la Junta garantizará, igualmente, la coordinación de los profesionales del Centro Provincial de Drogodependencias y Adicciones con aquellos encargados de la atención a las personas con adicciones dependientes de la Administración penitenciaria.

Además, Salud facilitará el apoyo técnico y la formación necesaria a los profesionales del centro penitenciario sobre los programas de intervención, así como la información de los programas preventivos, asistenciales y de reincorporación social, además de incluir a los profesionales del centro penitenciario en el sistema de información del Plan Andaluz de Drogas y Adiciones.

Como ha informado la delegada de Salud y Consumo, este convenio da más protagonismo a las entidades que actualmente prestan sus servicios en la prisión y en el Centro de Internamiento Penitenciario. Actualmente las asociaciones que prestan servicio son Fundación Proyecto Hombre, Asociación Ariadna y Centro Reto.

El Programa de Apoyo a las Drogodependencias en los centros penitenciarios se inició en 1989, a través de un convenio marco de colaboración suscrito entre el Ministerio de Justicia, el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) y la Junta de Andalucía.

Este programa ha permitido la puesta en marcha de equipos técnicos de intervención en los centros penitenciarios de Andalucía, adscritos a los Centros Provinciales de Drogodependencias (CPD), con el objetivo de mejorar la calidad y la cobertura de la atención sanitaria y social que se presta en estas instituciones a las personas con problemas derivados del consumo de drogas.