IU destaca el “impacto social” de la subida de las pensiones en Córdoba, que llegará a 175.500 personas

El coordinador de Izquierda Unida en Córdoba, Sebastián Pérez, ha destacado que alrededor de 175.500 pensionistas se beneficiarán en la provincia de la subida de las pensiones contributivas, que se verán incrementadas en un 8,5% con la fórmula de revalorización en base al IPC recogida en la reforma aprobada por el Gobierno central.

Esta medida tiene “un especial impacto social en una provincia como la nuestra, con un elevado volumen de población envejecida y una de las pensiones medias más bajas de España, que apenas supera los 900 euros”, ha señalado en un comunicado Pérez, que ha subrayado cómo “cuando la izquierda está en los gobiernos, mejoran las vidas de la gente corriente y especialmente de la población más vulnerable”, algo que también pone de manifiesto “la subida del Ingreso Mínimo Vital, una herramienta de protección social que ya ha llegado en Córdoba a casi 48.000 personas de las que 20.274 son menores”.

Se trata, por tanto, de “buenas noticias para arrancar el año 2023, en el que, no obstante, debemos seguir abordando cambios de carácter estructural que eviten situaciones como la que estamos viviendo a causa de la inflación, que debe corregirse de inmediato con una intervención estatal en la economía y no solo con medidas puntuales que se limitan a aliviar su impacto”.

En la misma línea se ha referido a la situación del empleo en la provincia, destacando que “los últimos datos del Ministerio de Trabajo muestran una tendencia claramente positiva, con un descenso del paro superior al 4% con respecto al año pasado y un exponencial aumento de la contratación indefinida”. De esta forma, las políticas de Yolanda Díaz “están empezando a cambiar el paradigma de las relaciones laborales en beneficio de los trabajadores y trabajadoras, en una tierra históricamente castigada por la temporalidad y la precariedad”.

Sin embargo, Pérez ha señalado que “todavía queda mucho camino por recorrer”, y ha señalado la “fragilidad” del modelo económico de una provincia “excesivamente dependiente de la producción agrogranadera y de la hostelería y el turismo”, sectores que son “muy sensibles ante situaciones adversas sobrevenidas, como han demostrado en los últimos años la pandemia o la amenaza de sequía”. Por ello, ha incidido en la urgencia de “impulsar un cambio de modelo productivo y de reindustrialización de la provincia basado en nuestros sectores estratégicos”, capaz de “generar empleo y fijar población” con criterios de “sostenibilidad y justicia social”.