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La Asamblea Antirracista denuncia la discriminación estructural en ámbitos como vivienda, empleo o sanidad

Manifestación de la asamblea antirracista por el derecho de las personas migrantes

Redacción Cordópolis

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La Asamblea Antirracista de Córdoba ha denunciado este viernes, con motivo del Día Internacional contra la Discriminación Racial, la existencia de “racismo estructural” que, según sostiene, afecta a personas por su origen o etnia en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

El colectivo ha señalado que esta discriminación se manifiesta en áreas como el acceso al empleo, la educación o la sanidad, y dificulta especialmente cuestiones como el acceso a la vivienda, el empadronamiento o la obtención de documentación administrativa.

Asimismo, la asamblea ha advertido de la existencia de “mecanismos de control y persecución” que, a su juicio, afectan de forma desproporcionada a personas migrantes y racializadas. Entre ellos, menciona las identificaciones policiales por perfil étnico, detenciones, internamientos en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y posteriores expulsiones del país por infracciones administrativas.

En este sentido, la organización ha criticado que estas prácticas se produzcan “sin la comisión de delitos”, lo que considera una situación “coercitiva” y lesiva para los derechos fundamentales de estas personas.

Por ello, la Asamblea Antirracista de Córdoba ha reclamado al Gobierno la adopción de medidas para poner fin a estas actuaciones, que califica de “racistas y abusivas”, y ha pedido la derogación de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, conocida como “ley mordaza”, tal y como prometió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en campaña electoral.

Según el colectivo, esta normativa otorga cobertura legal a prácticas como las devoluciones en frontera, también denominadas “expulsiones en caliente”, y a otras formas de control que consideran discriminatorias.

Finalmente, la asamblea ha solicitado la implementación de medidas que garanticen el respeto a la libre circulación y a los derechos fundamentales, evitando cualquier actuación basada en criterios raciales por parte de las fuerzas de seguridad.

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