Informe ‘CCF SAD 2011-19’ (VIII): pagos “sin soporte documental”

Más de uno y de dos asuntos son los que aborda de manera detallada. En concreto, son ocho, grosso modo, los que trata y en torno a los que expone posibles actuaciones constitutivas de delito. Sueldos elevados de los miembros del consejo que a veces no aparecen bien reflejados en las cuentas, operaciones de difícil seguimiento, el reparto de dividendos o descuadres financieros son algunos de los temas que analiza y detalla la administración judicial del Córdoba CF Sociedad Anónima Deportiva (SAD), a cargo de Francisco Estepa y Javier Bernabéu, ante el Juzgado de Instrucción número 5. Lo hace en un informe de 73 páginas remitido al juez el pasado 9 de diciembre y que es desglose de la gestión de la entidad entre 2011 -desde el 3 de junio- y 2019 -hasta el 9 de noviembre-.

Capítulo VIII. Más relaciones con sociedades vinculadas

En su página 69, el informe de la administración judicial entra en el último apartado de análisis. La cronología vuelve a romperse en los resultados del trabajo esta vez, en la que se pone el foco en “pagos relacionados a sociedades vinculadas sin existencia y/o constancia de soporte documental”. Francisco Estepa y Javier Bernabéu, en el inicio del octavo punto, señalan que “LaLiga impuso sanción al CCF SAD al detectar una serie de pagos realizados por el CCF SAD a varias entidades sin que haya constancia de documentación relevante”.

Comienza la administración judicial con “pagos por importe total de 12.000 euros a Weighted Average Cost of Capital, cuyo administrador único es Joaquín Zulategui, administrador del club”. “Se trata de una entidad vinculada, sin que se haya facilitado por el club ningún contrato para la prestación de los servicios descritos en las facturas existentes”. A continuación, se apuntan “pagos por importe total de 27.000 euros a Asprosport Cartago, sin que el club haya facilitado a la empresa auditora ni todos los pagarés ni un contrato para la prestación de ese servicio”. Por último, se abordan otros “por importe total de 12.000 euros a Codetusa, sin que haya constancia de la existencia de un contrato que enmarque esa operación y existiendo discrepancia entre la factura facilitada por el club y la obtenida por LaLiga”.

Anotados los referidos pagos, los dos siguientes los exponen de manera separada los administradores judiciales. En primer lugar, indican que “en fecha 30 de enero de 2019 desde el CCF SAD se hizo un pago a la mercantil Globaltecnia por importe de 9.750 euros, sin que conste la existencia de documentación y justificativa o soporte del indicado abono”. Mientras, tras un nuevo punto dentro del epígrafe Francisco Estepa y Javier Bernabéu se fijan en un abono a Sanivo Abogados en relación a la Asociación Deportiva El Naranjo. Cabe recordar que éste es el bufete de Magdalena Entrenas, que fuera consejera y abogada del Córdoba entre 2018 y 2019.

Sobre la relación con Sanivo Abogados, los administradores judiciales recuerdan que la letrada fue designada como miembro del consejo de administración de la SAD el 22 de enero de 2018. Entonces tuvo lugar la junta general en que Jesús León se hizo con el control -como presidente- del Córdoba. “A su vez, la señora Entrenas es fundadora, socia mayoritaria, consejera, presidenta del consejo de administración y consejera delegada de la firma de servicios jurídicos Sanivo Abogados, sociedad a través de la cual presta servicios jurídicos la señora Entrenas”, prosiguen. “El CCF SAD suscribió el 1 de septiembre de 2018 contrato de prestación de servicios profesionales con la sociedad Sanivo Abogados, interviniendo en dicho acuerdo en nombre de la sociedad profesional la propia señora Entrenas”, se añade.

De esta situación, en el informe se afirma que “no consta ni en el acta de la sesión del consejo de administración del 3 de septiembre de 2018 ni en ninguna otra de las existentes y a las que ha tenido acceso esta parte, en relación al contrato suscrito con Sanivo Abogados, manifestación o comunicación alguna de la señora Entrenas con el resto de consejeros informando sobre la situación de claro conflicto de intereses que existía”. “La señora Entrenas votó en el seno del consejo de administración a favor de la suscripción del nombrado contrato de prestación de servicios con su sociedad vinculada, infringiendo doblemente el deber de lealtad que pesaba sobre la misma como administradora social”, agregan los administradores judiciales.

Es después cuando Francisco Estepa y Javier Bernabéu detallan que “aparte de lo anteriormente expuesto, consta en la contabilidad del CCF SAD un pago a la sociedad profesional de la señora Entrenas por importe de 18.150 euros realizado el 27 de julio de 2018 (con anterioridad a que comenzara a prestar servicios al CCF SAD), el cual tiene como concepto negociaciones AD El Naranjo”. “Al efecto, no consta la existencia de documentación justificativa de acuerdo o encargo alguno por parte del CCF SAD a la señora Entrenas en tales términos”, explican. En este sentido concluyen que “el precio de la compraventa del nombrado equipo femenino ascendió a 10.000 euros”.

Los resultados del trabajo, antes de la diligencia de cierre, culminan con un epígrafe más. En el mismo, los administradores judiciales se refieren “a la incidencia detectada con ocasión de los trabajos realizados y consistente en la ausencia en los archivos del CCF SAD de facturas emitidas y abonadas por el CCF SAD a Globalia Servicios Corporativos en las temporadas 2012-13 a 2017-18 por un importe total de 89.922,81 euros”. “Al efecto, se ha interesado copia de las mismas a dicha mercantil a efectos de verificarlas, al estar reflejadas en los apuntes contables del CCF SAD”, zanjan.

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