González apremia a León: cobra en 10 días o denuncia

El anuncio que realizó Carlos González a comienzos de mes se ha hecho real. A través de un burofax remitido a la casa blanquiverde, Azaveco -entidad de González- reclama a Aglomerados Córdoba -Jesús León- el pago de los 4'5 millones que aún le adeuda por el contrato de compraventa de las acciones firmado el 19 de enero de 2018. El apremio en el pago se produce porque el compromiso, según la parte deudora, ha sido “flagrantemente incumplido”. Las razones de esta ruptura del acuerdo se centran en la venta de algunas sociedades de León que aparecían como avalistas de la operación, una circunstancia que fue desvelada por el diario ABC Córdoba.

Ante esta situación, que a juicio de Azaveco cambia el escenario de la compraventa, la entidad de González conmina a Aglomerados a hacer frente “en el improrrogable plazo de 10 días” a cumplir con lo “expresamente pactado” en el documento notarial firmado en su día en Madrid. En el burofax insta a efectuar el pago de la totalidad de la cantidad pendiente, que asciende a 4'5 millones de euros, advirtiéndole de que, de “no hacerse efectivo el abono de la misma” en el plazo requerido, se procederá “a la interposición de las acciones judiciales que se estimen oportunas”.

En el contrato de compraventa del paquete accionarial aparecían como avalistas las entidades Inversport 2010 SL, Grucal Properties SLU y Grucal Infraestructuras SAU. Las operaciones de venta realizadas por Jesús León de dos de ellas, que eran fiadoras del cumplimiento de la obligación de pago de Aglomerados Córdoba SL, suponen según Azaveco un incumplimiento de contrato, ya que en él se especifica que “salvo acuerdo previo y escrito de la parte beneficiaria, Don Jesús León López garantiza y se obliga a no enajenar, disponer, transmitir, ceder, gravar ni pignorar, total o parcialmente, las acciones y/o participaciones sociales de las sociedades avalistas, ni directa ni indirectamente, ni realizar reestructuraciones empresariales con las mismas, en cualquiera de sus modalidades, en tanto en cuanto no se haya producido el cumplimiento puntual, íntegro y completo de las obligaciones garantizadas”.

La entidad de González considera que las actuaciones de León han “vulnerado” lo “dispuesto expresamente en la escritura de afianzamiento”, considerando que este incumplimiento de obligaciones es “causa de pleno derecho de resolución contractual, a todos los efectos”.

La fecha límite para el pago del último plazo se fijaba en el 31 de julio de 2019, aunque se han producido circunstancias que contravienen el acuerdo según la parte vendedora. A todo eso se añaden los problemas del Córdoba, que ya descendió de categoría consumando su retorno a Segunda B después de 12 años, con todo lo que esta pérdida de una plaza en el mapa del fútbol profesional implica en su estabilidad presente y futura. Todo apunta a la judicialización del club. Y aún faltan nuevos actores.