Fernando Caballero, con el futuro del Córdoba otra vez en sus manos

En cierto modo, es un viejo conocido en la causa -por decirlo de alguna forma-. O más bien, por simplificar, es un nombre estrechamente relacionado, recientemente además, con el club. Sólo dentro de sus competencias, claro está. No en vano, es quien en su día se encargara de supervisar el concurso de acreedores desarrollado entre los años 2011 y 2012. Su nombre es Fernando Caballero y en próximas fechas, excepto que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) diga lo contrario, va a ser quien tome las riendas en un caso no menos importante. Porque el magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial es el elegido -por ahora propuesto- por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para dictaminar definitivamente acerca de la compra de la unidad productiva del Córdoba. Dicho de otro modo, es el sustituto del recusado Antonio Fuentes en el Juzgado de lo Mercantil número 1.

De la decisión del TSJA se tuvo constancia el mediodía del jueves, cuando a través de una nota la comunicó. Éste era uno de los hechos que aguardaban sobremanera tanto en El Arcángel como en su entorno. Por fin hubo fumata blanca, como suele decirse, en este sentido. Aunque ahora resta que el CGPJ apruebe y valide la designación. Es difícil que exista desavenencia, por lo que puede tenerse a Fernando Caballero como el juez que habrá de aclarar el futuro inmediato de la entidad califal. Sobre la mesa son dos asuntos los que tiene el magistrado: el primero y más importante es la otorgación o no de firmeza jurídica a la compra de la unidad productiva del Córdoba por parte de Infinity -allá por el 5 de diciembre-, mientras que el segundo es la resolución favorable también a la apertura de un segundo concurso de acreedores. Ambos autos los firmó Antonio Fuentes, titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 hasta que fue recusado.

Para que llegue un pronunciamiento oficial -y judicial por ende- en este sentido todavía falta tiempo. Más que nada porque la vuelta a la normalidad relativa en sede judicial se produce de manera escalonada. Una vez alcanzada la fase 1 de desescalada dentro de la cuarentena por la pandemia de Covid-19, las intervenciones no esenciales van a proseguir paralizadas hasta el 24 de mayo. A partir de entonces comienza un nuevo período en ámbito jurídico para el Córdoba. Hasta ese instante no está de más saber quién es, en concreto, Fernando Caballero. Natural de Sevilla (1970), el magistrado de la Audiencia Provincial llegó a Palma del Río con apenas año y medio. Si bien realizó la prematrícula de Medicina y Derecho, debido a sus dudas académicas, fue por la segunda licenciatura por la que finalmente optó.

Fue en 1993 cuando concluyó los estudios de Derecho para, cinco años después, obtener por oposición una plaza como juez. Tenía apenas 28 años, por lo que surgía como una prominente y precoz figura de la Justicia andaluza. Ejerció primero en el Juzgado de Primera Instancia de Almendralejo (Badajoz) y después en Algeciras (Cádiz). Sin embargo, su idea no era otra que especializarse en Mercantil, lo que hizo en la primera promoción de la materia en Córdoba. Fernando Caballero entró en el Juzgado de lo Mercantil de la ciudad en 2006. Una década después se convirtió en el magistrado más joven de la Audiencia Provincial.

Al juez que ha de tomar el relevo de Antonio Fuentes al frente del caso del Córdoba en el número 1 de lo Mercantil es posible recordarle por una anterior actuación en torno a la entidad. El 23 de mayo de 2011 la anterior sociedad anónima deportiva (SAD) optó por presentar un concurso de acreedores que finalmente fue tramitado y llevado por el propio Fernando Caballero, quien en 2012, el 8 de junio para ser más exactos, lo dio por cerrado. Fue entonces cuando dio por válido el convenio pactado entre la entidad, ya en propiedad de Carlos González a través de Ecco Documática, y sus acreedores. El acuerdo tuvo una fórmula adecuada para que el club pudiera resolver la situación sin mayores problemas. Incluso después del ascenso a Primera, lo que supuso que hubieran de abonarse también las cifras correspondientes a la quita.