Juicio Jesús León

Nueva sesión del 'Caso Saqueo': un Córdoba CF en “colapso” y una pérdida patrimonial de 4 millones de euros

La décima sesión del juicio por el 'Caso Saqueo', celebrada este viernes, ha arrojado más luz si cabe sobre el control que ejercía el expresidente Jesús León sobre las finanzas del Córdoba CF y el estado crítico en que quedó la entidad bajo su gestión. La esperada declaración de quien fuera durante muchos años contable del club ha confirmado que León era quien “exclusivamente” disponía de las cuentas y ordenaba las transferencias.

A su testimonio se han sumado los de Javier Tebas, presidente de LaLiga, quien explicó los motivos de las auditorías al club, y de los administradores judiciales Francisco Estepa y Javier Bernabéu, quienes describieron una situación de “colapso” con apenas 309,71 euros en tesorería y deudas millonarias. Para el expresidente, cabe recordar, la fiscalía solicita casi 10 años de prisión por la presunta comisión de cuatro delitos. De igual manera, la polémica adenda del millón de euros y la gestión de los préstamos volvieron a ser puntos centrales del interrogatorio. Eso sí, como viene siendo habitual, volvió a haber incidencias, puesto que la jornada comenzó con la no comparecencia del exfutbolista del Córdoba CF Jesús Valentín, al no poder ser localizado.

Un “agujero” de 1,3 millones de euros, la adenda “falsa” y el control total de León

Considerada una testigo fundamental, la que fuera contable del Córdoba CF SAD desde 2003 hasta 2019, no defraudó las expectativas. Con la perspectiva que le otorgan su experiencia en la entidad, afirmó que Jesús León “dejó un agujero” económico considerable a su marcha, producto de “bastantes transferencias” abonadas por el Córdoba “por facturas sin justificar”. A preguntas del presidente del tribunal, Juan Luis Rascón, sobre qué entendía por “agujero”, la testigo fue clara: todas las “salidas de dinero del club que no tenían justificación”. “Lo único que sí tengo claro es que lo dejé todo más o menos señalado para saber el agujero que tenía, entre unas cosas y otras”, añadió la exempleada. Un agujero que ascendía hasta los 1,3 millones de euros.

La contundencia de su declaración fue máxima al referirse a la adenda del millón de euros que teóricamente justificaba un pago a empresas de León. “La transferencia se hace, pero el documento lo veo cuando entra la Guardia Civil, que es cuando aparece”, explicó, tras haberse “encontrado la transferencia del millón de euros” en las cuentas sin factura ni contrato previo que la sostuviera. Su convicción sobre la falsedad del documento que le exhibió la Guardia Civil fue rotunda, llegando a calificarlo coloquialmente, según su declaración, como “más falso que ajú”, basándose en un detalle revelador: “Teníamos un sello del Córdoba que era redondo. En el documento (la fotocopia de la adenda) era ovalado. Ese sello no estaba en la época de González, sino en la época de Jesús. Y yo pensé que ese documento era falso. Creo que estaba reconocido a posteriori para justificar esa salida del millón de euros”.

Además, ratificó que los documentos de préstamo para justificar otras salidas de dinero hacia empresas de León “se hacen después de la transferencia”. “Fui yo la que dijo que, si se había transferido ese dinero, había que documentarlo y así saber que lo tenía que recibir”, llegando a usar modelos genéricos en algunos casos. Confirmó además que estos préstamos “en su totalidad no” fueron reintegrados, salvo algunas devoluciones de León para necesidades urgentes, en un contexto donde la tesorería estaba “bajo mínimos” con una “deuda bestial con hacienda, nóminas y caja a cero”. El dinero de facturas anuladas a empresas de Ildefonso León, hermano del expresidente, “nunca se reintegró en el club”.

La operativa bancaria, según la trabajadora del club, estaba centralizada: “Jesús León, exclusivamente” era quien disponía de las cuentas. “Cuando vas a pagar algo, la operativa era la siguiente: tengo que hacer 3 pagos, preparo una remesa, la subo al banco, informo al presidente, y este me autoriza, pero la firma la tiene el presidente”. Sin embargo, la testigo también desveló un dato sorprendente sobre el acceso a las finanzas del club: Teo Brea, figura clave en la gestión económica durante la etapa de Luis Oliver y también presente en la de León, “tenía las claves” de las cuentas bancarias e incluso “la llave de la caja fuerte” que había en el despacho del presidente.

Javier Tebas: Auditorías por “indicios de irregularidades” y la naturaleza de los “pagos en B”

La comparecencia telemática de Javier Tebas Medrano, presidente de LaLiga, aunque breve y principalmente para responder a la defensa de Jesús León, arrojó luz sobre la actuación del organismo deportivo. Tebas explicó que LaLiga “solo solicitaba que se realizara una auditoría a un club cuando detectamos que se ha producido una irregularidad en las normas de LaLiga o alguna otra norma”. En el caso del Córdoba CF, bajo la gestión de León, LaLiga pidió al Consejo Superior de Deportes la autorización para realizar dos auditorías, efectuadas por la empresa BDO, que arrojaron luz sobre la situación y el descontrol existente.

El máximo dirigente de la patronal de clubes también abordó la cuestión de los honorarios de los presidentes, por los supuestos cobros de Jesús León por medio de sus empresas en conceptos de ayuda a la gestión, aclarando que “hay presidentes que cobran y otros que no”, pero que quienes perciben salarios lo hacen “por sus funciones ejecutivas”. En este contexto, Tebas negó rotundamente haberle comentado o recomendado a Jesús León que “cambiara de empresa”, de Aglomerados Córdoba a Grucal, por la que percibía sus emolumentos. Todo ello por dos facturas, una de cada empresa, de manera prácticamente consecutiva bajo el concepto de 'honorarios señor presidente'.

Finalmente, sobre los pagarés que se habrían facilitado a determinados jugadores y que nunca fueron reclamados, Tebas matizó que “es posible”, aunque sin afirmarlo de forma categórica, que esta operativa responda a una práctica en los clubes cuando, “hablando coloquialmente, se pretende realizar un pago en B” para sobrepasar el tope salarial. Interpelado sobre qué era el límite salarial, Tebas explicó que ese límite viene dado por los ingresos y compromisos de gasto de cada club.

Andrés Delgado niega su intervención en la adenda

Por otro lado, la declaración más contundente y breve de la jornada fue la de Andrés Delgado, ex director general corporativo. Con apenas tres 'no' completó el interrogatorio propuesto por la defensade León sobre la adenda del contrato de la Ciudad Deportiva. Delgado negó tajantemente haber enviado dicha adenda por correo electrónico para que la firmase León o haberse encargado de que Carlos González la rubricara. También negó que se le entregase en mano ese documento en las instalaciones del club. 

La firmeza del juez Rascón: “Aquí no se está enjuiciando a Carlos González”

La sesión también puso de manifiesto la dirección firme del juicio por parte del presidente del tribunal, Juan Luis Rascón. En un momento dado, ante los intentos de la defensa de León por desviar la atención hacia la gestión anterior, el magistrado intervino para recordar el objeto del proceso: “Aquí no se está enjuiciando a Carlos González y a su equipo, sino a su cliente y a su equipo”. Una reconducción que llueve sobre mojado, puesto que las llamadas de atención del juez a dicha defensa han sido reiteradas a lo largo de las últimas sesiones del juicio.

Un club en “situación extrema” y una pérdida patrimonial de 4 millones de euros

Tras un receso de 15 minutos, llegó el turno del testimonio de Francisco Estepa, administrador judicial del Córdoba CF desde noviembre de 2019, quien reveló la “situación extrema” en la que se encontraba el club. Al tomar posesión, la tesorería contaba con apenas “309,71 euros y la recaudación de un partido, de unos 2.000 euros”, mientras la deuda vencida, líquida y exigible ascendía a “1 millón y pico de euros”, de los cuales casi 1,5 millones correspondían a la Agencia Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social. Esta cifra, sumada a la que vencía en menos de 30 días, hacía que la deuda total ascendiese a casi 4 millones de euros.

Las nóminas del personal, tanto deportivo como no deportivo, estaban impagadas, con el riesgo de que los jugadores quedasen libres al encadenar su tercer mes sin cobrar. De igual manera, los servicios médicos amenazaban con cesar su actividad por impago, hechos que impedirían al equipo competir. Pero los impagos no acababan ahí, sino que llegaban hasta, incluso, las empresas de transporte.

Estepa detalló que los ingresos principales del club, como los derechos de televisión o la ayuda al descenso, ya habían sido anticipados y el remanente estaba embargado. Ante la imposibilidad de obtener financiación bancaria -“llegué a insinuar a una entidad bancaria la posibilidad de solicitar un préstamo para la sociedad y me dijeron que no volviese por la oficina”-, acudió a los accionistas mayoritarios en disputa: Azaveco (Carlos González) y Aglomerados Córdoba (Jesús León). “El abogado de Azaveco vino a Córdoba, dijo que podía apoyar financieramente la entidad”, explicó Estepa, pero solo “si se levantaba la administración judicial” del Córdoba CF. Estepa le contestó que lo solicitara al juez, ya que “yo no me puedo cesar”. Esta situación, sumada a la falta de alternativas previas para obtener liquidez, llevó a presentar el concurso de acreedores.

Estepa destacó un dato revelador del deterioro patrimonial: entre el 30 de junio de 2017 y el 30 de junio del 2018 -periodo que abarca el cambio de propiedad-, el patrimonio neto del club pasó de ser positivo (entre 1,5 y 1,8 millones) a negativo (-2,2 millones), lo que significa que “se deterioró el patrimonio, o se esfumó patrimonio por 4 millones de euros” en solo doce meses. Confirmó que el club tenía un manual de cumplimiento normativo exigido por LaLiga, pero “por las evidencias no se observaba el manual”.

Javier Bernabéu, también administrador judicial, corroboró cifras sobre la facturación de Aglomerados y Grucal en concepto de “apoyo a la gestión”, que sumaron 558.000 euros, de los cuales se cobraron 231.000 euros. También se analizaron los préstamos y la posible compensación de 150.000 euros que Grucal ingresó en LaLiga, corroborando así las múltiples cifras que le cuestionó el fiscal que los propios administradores judiciales habían recogido en su informe.

Finalmente, y tras tres horas de sesión, la jornada concluyó con la reprogramación de la agenda, con la cita de testigos pendientes y peritos para el 15 de mayo, fecha en la que también comenzarán las declaraciones de los acusados.