La administración judicial del Córdoba CF SAD, ‘enredada’ en las cuentas de la 2018-19

Los administradores judiciales del Córdoba CF SAD, en El Arcángel | ÁLEX GALLEGOS

Muchos son los frentes abiertos en sede judicial. No sólo en la ciudad sino también en otros escenarios como Granada o Madrid. Entre ellos se halla el proceso penal que se da desde noviembre, tras la detención del entonces propietario y presidente del club, Jesús León, en el Juzgado de Instrucción número 5. Dentro de dicho procedimiento se esperan novedades en días venideros. Son las que corresponden a los dosieres de la administración judicial del Córdoba CF SAD, que para comenzar durante la próxima semana ha de presentar un nuevo informe de rendición de cuentas al juez Antonio Rodríguez -titular de la sala-. Pero no es la única tarea que tienen Francisco Estepa y Javier Bernabéu, que además trabajan en la formulación de las cuentas de la sociedad original correspondientes a la temporada 2018-19. Una labor ésta que resulta bastante más compleja de lo esperado inicialmente.

Desde hace casi un mes acometen los administradores judiciales del Córdoba CF SAD y la revisión y elaboración del balance contable del mencionado ejercicio. Se trata del inmediatamente anterior al pasado y por ende a la referida detención de Jesús León, allá el 7 de noviembre de 2019. De los registros que efectuó la Guardia Civil aquel día tanto en El Arcángel como en la vivienda del montoreño fue desprecintada buena parte de documentos. Estos eran necesarios precisamente para llevar a cabo la formulación de unas cuentas que debían de haberse presentado en septiembre y después habían de conocerse en la tradicional junta general de accionistas, que no existió siquiera por la situación vivida durante los últimos meses del pasado año.

El caso es que el trabajo de los administradores judiciales arrancó a comienzos de junio, cuando se comenzaba a prever información al respecto. Unas semanas después la que han de aportar Francisco Estepa y Javier Bernabéu a las pertinentes instancias sigue sin estar terminada. Básicamente porque están enredados -por expresarlo de manera coloquial- en una compleja situación de cifras. Ambos están en coordinación con auditores pero la verdad es que la reordenación de los números resulta realmente laboriosa. Tanto que arrancado el mes de julio los gestores de la sociedad original aún no manejan una fecha estimada para la presentación del balance de una temporada 2018-19 que, como después pudo entenderse, transcurrió económicamente de forma muy diferente a la fijada en presupuesto.

Cabe recordar que las cuentas de la campaña 2017-18, las primeras con que acudió Jesús León a junta general de accionistas -en enero de 2019-, reflejaban un déficit de 4,2 millones de euros. Dicha situación supuso la entrada en causa de disolución de la sociedad original, un escollo que el montoreño previó salvar con un ejercicio mucho mejor en el plano financiero gracias a traspasos o a un acuerdo de cesión del estadio que jamás llegó. En definitiva, el empresario y su consejo de administración cerraron un presupuesto con superávit de un millón de euros para la temporada 2018-19 -la que ahora está en proceso de revisión-. A la vista de los acontecimientos, claro está que tal hecho no se dio. No en vano, las complicaciones económicas prosiguieron en verano del pasado año y alcanzaron su cénit justo cuando el Juzgado de Instrucción número 5 ordenó la actuación de la Guardia Civil y la detención del propietario y presidente del Córdoba CF SAD en ese instante.

Sólo un día antes de aquel suceso, los futbolistas blanquiverdes salieron en conjunto, con Javi Flores a la cabeza, a la sala de prensa de El Arcángel para denunciar su dura realidad: llevaban meses sin cobrar, igual que los demás empleados del club. Hasta el momento en que los acontecimientos se precipitaron, el entonces abogado de la SAD, Enrique Rodríguez Zarza, aseguró que la deuda era de 4,9 millones de euros. Así lo afirmó el granadino a finales de octubre de 2019. Sin embargo, tiempo después, ya el 19 de noviembre, los administradores judiciales cifraron el agujero de la entidad en la friolera de 11,6 millones en total. Aunque la cantidad neta era "aproximadamente", tal y como expuso Javier Bernabéu, de 10,3 millones. "Ocho serían deuda vencida", añadió para terminar de aclarar el economista y uno de los administradores judiciales.

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