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Vox pide a la Junta ayuda de 250 euros a embarazadas menores de 30 años para evitar abortos

Alejandro Hernández | ALEX GALLEGOS

Redacción Cordópolis

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Vox ha presentado una proposición no de Ley en el Parlamento andaluz en la que se insta al Gobierno autonómico de PP-A y Ciudadanos (Cs) a que se otorgue una prestación de 250 euros mensuales a cada mujer embarazada, de más de 14 semanas, que se encuentre en situación de vulnerabilidad y que sea menor de 30 años. Vox propone que la ayuda se conceda desde el momento en que la mujer certifique el embarazo y hasta el momento del parto.

Según expone Vox en su iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, hay una necesidad de apoyar desde las administraciones públicas a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad que desean continuar con el embarazo y ha apuntado que la ayuda media por embarazada en Andalucía durante el año 2017 fue de 2,78 euros. Concretamente, en ese ejercicio se destinaron 254.159 euros a las mujeres embarazadas, “lejos de otras comunidades autónomas con menor población como el País Vaco (350.000 euros) o Galicia (1.907.300 euros).

Para Vox, existe una “clara correlación entre los fondos que destinan las administraciones públicas a las mujeres embarazadas y el número de embarazos interrumpidos”. Según expone, dos de las comunidades que no ofrecen ningún tipo de ayudas a la mujer embarazada, Asturias e Islas Canarias, son las que registran “la mayor ratio de embarazos interrumpidos”.

“En los territorios donde se aportan más recursos económicos al apoyo de la maternidad, la tasa de embarazos interrumpidos es inferior a la media nacional”, según Vox, para quien la falta de apoyo a las mujeres embarazadas que desean continuar con el embarazo “contrasta con la dotación de recursos para iniciativas que canalizan el mecanismo por los cuales apoyan la interrupción del embarazo”.

“El gasto total por parte del conjunto de las administraciones públicas en el 2017 en ayudas a la mujer embarazada fue de 3.665.000 euros, mientras que las ayudas para interrumpir voluntariamente el embarazo fue de 34.000.000 euros”, según Vox.

En su iniciativa, Vox pide que la administración pública expida, una vez se haya comunicado por una mujer su estado de gestación, un certificado médico que acredite el embarazo, y que las ayudas a las madres gestantes sin recursos sean efectivas desde que exista un certificado médico de embarazo.

Otra demanda a la Junta consiste en dotar presupuestariamente la creación de “Centros de Atención a la Madre Gestante” como centros de asistencia, apoyo e información. En cada uno de estos centros existirán, según Vox, equipos multidisciplinares formados por profesionales con formación en el área pedagógica, psicológica, social y educativa, que puedan cubrir la asistencia, apoyo e información de las gestantes.

Vox también plantea en su iniciativa que se dote a toda embarazada en edad escolar del derecho a una continuidad en sus estudios, y que se preste un seguimiento específico formativo a las mujeres embarazadas y/o con hijos menores de tres años por parte de los equipos y departamentos de orientación de los centros educativos, con el objetivo de posibilitar la obtención del graduado en Educación Secundaria Obligatoria como medio para su futuro acceso al mercado laboral.

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