La UCO entrega a la Junta el informe que avala la Ley Antidesahucios

Los alumnos del laboratorio junto a la consejera de Fomento y Vivienda, en el Parlamento.
Los alumnos del Laboratorio Jurídico sobre Desahucios proponen modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para evitar desalojos por razones humanitarias

Los alumnos del Laboratorio Jurídico sobre Desahucios de la Universidad de Córdoba, dirigido por el profesor de Derecho Civil Antonio Manuel Rodríguez, han entregado este jueves a la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, y a representantes de los tres grupos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía el resultado de su trabajo durante el presente curso: un informe que avala la constitucionalidad de la Ley de Función Social de la Vivienda y una propuesta de modificación del artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de ámbito estatal, para paralizar desahucios judiciales por razones humanitarias.

Los alumnos han informado a la consejera y a los grupos políticos de que entregarán su informe sobre la Ley de Función Social de la Vivienda también al Tribunal Constitucional, que aún debe pronunciarse sobre dicha norma, cautelarmente suspendida tras el recurso del presidente del Gobierno. “El Constitucional mantuvo, por siete votos a cinco, la suspensión cautelar de la Ley, tomando la decisión sobre la base de un recurso que incluía un informe falso de la Sareb, en la que afirmaba que tenía 911 viviendas protegidas, cuando luego la propia presidenta de la Sareb ha reconocido en el Congreso que son sólo 96”, ha señalado Cortés.

“O el Gobierno aportaba datos falsos antes, o los aporta ahora, o aporta datos falsos antes y ahora, lo cual es lo más probable”, ha resumido la consejera. “Todo el recurso está basado en exageraciones y falsedades al servicio de la ideología neoliberal que pretenden adoptar aspecto de argumentos mediante la inclusión de informes apocalípticos, como es el caso del emitido por la Sareb, según el cual la Ley pondría en peligro su labor de reestructuración del sistema financiero”, ha añadido Cortés, que ha señalado que la Consejería mantiene abiertos procedimientos contra la Sareb por incumplimiento de la función social de sus viviendas protegidas que pueden suponer 109.470.000 euros.

Cortés ha señalado que la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil puede ser propuesta desde el Parlamento de Andalucía, mediante proposición no de ley, y aprobada por el Congreso de los Diputados, con la capacidad de modificarla directamente. “El Gobierno central y la mayoría parlamentaria que lo sustenta vuelven a tener una oportunidad de legislar para defender el derecho a la vivienda frente a las agresiones del poder financiero”, ha señalado la consejera, que ha lamentado que el Ejecutivo no haya tomado “ni una sola medida eficaz contra la oleada de desahucios”.

Cortés ha recordado que el reciente informe de Human Rights Watch (HRW) Sueños Rotos: el impacto de la crisis de la vivienda en España sobre los grupos vulnerables, que señala al Gobierno de España como responsable de “vulneración de derechos humanos básicos, incluido el derecho a una vivienda adecuada”, supone “una nueva reprobación grave al Ejecutivo por la ausencia total de medidas estatales que garanticen el derecho humano a la vivienda”. La consejera ha reclamado al Gobierno una “reacción inmediata” ante esta nueva “alerta” por la situación de “emergencia social”.

“Los observadores de de los derechos humanos, desde la ONU hasta HRW, vuelven a dar la voz de alarma y el Gobierno no puede ignorarlo”, ha señalado Cortés, que ha insistido en que la situación de “emergencia social” exige medidas “drásticas” como la paralización de todos los desahucios de vivienda habitual, así como una quita hipotecaria que “alivie la asfixia de millones de familias”.

“Mientras los observadores internacionales constatan una y otra vez que España es un país en el que se vulnera masivamente el derecho humano a una vivienda digna y adecuada, el Gobierno no sólo no adopta medidas, sino que facilita los desahucios y la especulación al bloquear los preceptos de la Ley de Función Social de la Vivienda de Andalucía destinados a evitar desalojos, promover el alquiler y abaratar el acceso a la vivienda”, ha concluido Cortés, que ha agradecido al profesor Antonio Manuel Rodríguez y a sus alumnos “el esfuerzo y la inteligencia dedicada a buscar justicia desde el Derecho”.

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