Turno de oficio: justicia de calidad para los que tienen menos recursos

“Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su contra en un tribunal. Tiene a la asistencia de un abogado durante su interrogatorio. Si no puede pagarlo, se le asignará uno de oficio. ¿Entiende usted estos derechos?”. ¿Quién no ha escuchado esta frase en cualquier película? ¿Y quién no ha pensado que el derecho americano es equiparable al español? Lo es en casi todo. También en la asistencia jurídica gratuita, que en Córdoba sí que tiene un matiz importante: es de una altísima calidad para los que tienen menos recursos.

En la nueva y flamante Ciudad de la Justicia, entrando a mano derecha, Marta Fernández Chaichio, atiende el Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados de Córdoba. Cada pocos minutos suena el fax, el teléfono fijo, el móvil o recibe un correo electrónico. Cada día atiende unas 60 peticiones de asistencia jurídica gratuita de toda la provincia. Todos los justiciables salvo los de lo penal, cuya asistencia se tramita directamente desde el Colegio de Abogados. Marta Fernández es la encargada de gestionar todos estos procesos, de prestar una primera atención, de contemplar algunos de esos primeros dramas que se enfrentan a a la justicia y de repartir el trabajo entre los casi 800 abogados cordobeses que ofrecen este servicio.

Cada día, a las 9:00 en la puerta del despacho de Marta se acumulan los justiciables. Y también sus historias. Muchos vienen de los pueblos (en la Ciudad de la Justicia se centraliza todo el servicio) y la mayoría traen un drama social acompañándoles: una separación, un desahucio o una cláusula abusiva en su hipoteca son las mayorías de las causas para las que necesitan un abogado. Y casi siempre no pueden pagarlo.

A todo el que llega se le abre un expediente. Lo primero que hace el servicio es abrir un expediente, y pedirle una autorización al justiciable para consultar sus datos económicos y patrimoniales “Pedimos la mínima documentación posible”, explica Marta. En la mayoría de los casos, con el DNI es posible acceder a los datos del solicitante, y saber si tiene derecho o no a la asistencia. Así, una persona sin unidad familiar tiene un límite de 1.075 euros de ingresos mensuales, que al año son 12.906. Si pertenece a una unidad de menos de cuatro miembros, tendrá que tener un tope de ingresos de 1.344 euros al mes. Si lo supera puede impugnar la resolución en un plazo de 10 días y

un juez decidirá si el justiciable tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita o no.

Además, existen “supuestos especiales” donde se presta asistencia sin mirar los números: los casos de víctimas de violencia de género, las de trata de seres humanos, los menores de edad en casos de abuso o maltrato, por ejemplo, también la reciben. Así, hasta engrosar los más de 8.000 expedientes que esta pequeña oficina donde no para de sonar el teléfono lleva ya tramitados en lo que va de año. De media, van a ser muchos más que los del año pasado.

“Los procesos más habituales son los de familia, como separaciones, divorcio y guardia y custodia de menores”, detalla Fernández. “Luego las ejecuciones hipotecarias,

desahucios de vivienda y reclamación de cláusulas abusivas a entidades bancarias, son otros de los procedimientos que últimamente son muy numerosos“, detalla, al tiempo que constata que estos casos han aumentado ”desde el año pasado“.

Desde que el servicio se trasladó a la Ciudad de la Justicia “ha sido una ventaja para todos”, sostiene la letrada encargada de tramitar este servicio. Antes, muchos ciudadanos tenían que acudir a las diversas instancias judiciales repartidas por la ciudad. Ahora, todas las dependencias judiciales están centralizadas un mismo edificio. “Hemos ganado en agilidad, rapidez y mejora para los justiciables”, insiste.

Un servicio de calidad

R. H. es una mujer que insiste en la calidad del servicio recibido durante la tramaitación de su divorcio. “Me fue muy bien. La abogada que me atendió, muy joven y muy bien preparada”, insiste. “De este servicioo me enteré si no por amistades y demás. No sabía que por mis circunstancias”, no tenía trabajo, “sabía que podía solicitarlo. Yo no estaba trabajando. Sabía que me correspondía. Lo solicité. No sabía qué tendría que pagar. Pregunté y en seguida me dijeron lo que me pertenecía. Lourdes”, su abogada, “me informó y me dijo que este servicio es así y dura tanto tiempo y no se me va a cobrar nada”, insistió. “Y ella me lo ha gestionado todo. Ha sido increíble”, concluye

Igual de contento está José María Campos, de Almodóvar del Río, que tenía problema ya resuelto con su cláusula suelo. “Con el banco estoy muy disgustado, pero con los abogados, muy contento”, sostiene al otro lado del teléfono. “Me fue muy bien con ellos”, insiste, recordando cómo ha aceptado un acuerdo para evitar un juicio que se iba a celebrar dentro de dos años. “El banco me estaba engañando”.