Ocho padres de Córdoba, denunciados por no llevar a sus hijos al colegio ante el temor al covid

Limpieza en el CEIP Eduardo Lucena

La Fiscalía Provincia de Córdoba ha incoado en 2021 un total de 13 diligencias de investigación frente a siete en 2020 por absentismo escolar, al tiempo que se han formulado ocho denuncias a los padres, de las que solo tres estaban en trámite, y “en su mayoría las razones se han fundado en el Covid-19”.

Así lo expone la Fiscalía en la memoria anual referida al año 2021, consultada por Europa Press. En cuanto a la trata de seres humanos, destaca que “como en años anteriores, se sigue observando una cierta falta de iniciativa por parte de los jueces de Instrucción en la preconstitución de las pruebas testificales, ante la posibilidad de que la víctima pueda comparecer al acto del juicio pese a ser extranjera al tener un domicilio en territorio español al momento de declarar”, insistiendo el Ministerio Público en “el alto riesgo de incomparecencia”.

A su vez, la Fiscalía ha reiterado la petición a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Mediación de la Junta de Andalucía para que se recupere la unidad de Servicios Sociales que existió en los juzgados de guardia hasta la implantación del Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA).

Y en caso de que no recupere, el Ministerio Público plantea que se encomiende al SAVA la atención a las personas con discapacidad que “en condición de investigados o víctimas se encuentren en el juzgado de guardia”. Esta petición la realiza desde hace unos años, precisando en 2020 sobre la actuación de los fiscales delegados de Víctima en relación con el SAVA que la fiscal del área asume también la Delegación de Violencia sobre la Mujer, teniendo el citado servicio dos sedes, una de ellas en los juzgados de Violencia, “con lo cual la relación de la fiscal delegada con el servicio es constante”.

En este apartado, la fiscal delegada informaba de las varias reuniones mantenidas con el SAVA, “en las que se tratan los temas más delicados para la víctima de especial vulnerabilidad”; además de “diseñar la estrategia de futuro para que el SAVA sea identificado como un servicio de atención a las víctimas en general y no limitado a las víctimas de violencia de género”, según se resaltaba en la memoria anual.

En relación con la violencia doméstica, el Ministerio Público aprecia “cierta estabilización, con un ligero aumento”, a la vez que en los delitos contra los derechos y deberes familiares se observa “una disminución” en relación a los delitos de abandono de familia y “un aumento” en los delitos de impago de pensiones, pero “en todo caso inferior a los del año 2019”.

Respecto a los asuntos civiles relacionados con la violencia a la mujer, con especial referencia a custodias compartidas y atribución de custodia al padre denunciado e “incidencia del mal llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP) o mediación”, la Fiscalía señala que “este año, a raíz de la modificación del artículo 94 del Código civil por la ley 8/21, en el segundo semestre se ha producido un cambio de criterio sobre el régimen de visitas en los supuestos en que haya un delito de violencia sobre la mujer”.

“En estos casos se han producido mayores incidencias, si bien no se pueden dar datos concretos, pues estos no se recogen ni en la aplicación Fortuny ni por los propios juzgados”, indica el Ministerio Público, que añade que “se han producido varios acuerdos entre las partes en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, en los que ellos mismos establecían un régimen de visitas”, entre otros aspectos.

Agresiones, torturas y asesinatos

En otro orden de cosas, explica que las cifras de agresiones, abusos, acoso y exhibicionismo son “similares a las de años anteriores en la provincia, aumentando los supuestos de delitos de agresión sexual y disminuyendo muy ligeramente los supuestos con víctimas menores de edad”.

En los delitos de torturas y otros delitos contra la integridad moral cometidos por autoridad y funcionario público, aparece la estadística de la provincia con algunos supuestos de tortura --tres en 2021, por los seis de 2020--; tratos degradantes --uno, frente a los cinco de 2020--, y los supuesto de infracción contra la integridad moral por funcionario público suben en cinco, tras uno computado el año anterior.

Y el número de delitos incoados por homicidio o asesinato, en los que se incluyen tanto los consumados como los cometidos en grado de tentativa, se mantienen en “cifras parecidas” a las del año 2019, “aumentando en siete casos”, al tiempo que el supuesto de delitos contra la vida culposos se mantiene en “cifras similares al año anterior, con una disminución de cuatro casos”.

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