El presidente de Audiencia de Córdoba niega el 'lawfare' porque los jueces no actúan “por criterios políticos”

El presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, ha criticado este jueves que “al albur de resoluciones judiciales que se dictan a diario en España, cuando una de ellas incomoda al poder político por las personas que están conectadas con esa resolución, se arbitra una estrategia de desprestigio de la labor judicial, de la labor que a diario hacemos todos los jueces”.

En una rueda de prensa, el magistrado ha defendido que los jueces “sólo nos debemos a la ley y a la Constitución y aplicamos las normas y las interpretamos de acuerdo con los parámetros interpretativos que marca la propia ley”, a la vez que “valoramos las pruebas que se nos sometan a nuestra consideración y dictamos las sentencias que creemos justas”, por lo que “no es de recibo que desde los poderes públicos se maltrate de esta forma al poder judicial, porque los poderes están para respetarse unos a otros”, ha recomendado.

Igualmente, ha apuntado que “al albur de que no ha habido todavía una renovación del Consejo General del Poder Judicial, que debería haberse producido hace mucho tiempo, se monta esta estrategia de desprestigio”, al tiempo que ha comentado que “si no se ha renovado el CGPJ, la imputación de esa responsabilidad sólo es de las Cortes Generales, de las dos cámaras legislativas, del Congreso y del Senado”, pero “a los jueces se nos debe dejar tranquilos en la prestación del servicio público de la justicia”, porque está “convencido de que la totalidad de los jueces españoles no actúan por criterios políticos, sino que actúan obedeciendo y sometiéndose a la Constitución y a las leyes”.

En este sentido, Sánchez Zamorano ha señalado que la Constitución es “el único sometimiento que, como garantía del ciudadano y de la independencia del poder judicial, está presente en la labor del juez”.

Al respecto, ha negado la existencia de lawfare en el poder judicial a raíz de las críticas de distintos políticos, de manera que ha asegurado que los jueces no actúan “por criterios políticos”. “Eso de lawfare no sé lo que es, ni lo entiendo”, ha apostillado, para confesar que lleva “muy mal” las críticas de políticos a la justicia.

“Nosotros no tenemos nada que ver con la política”, ha remarcado, subrayando que “las resoluciones judiciales están fundadas en derecho”, y “como todos los jueces, hacemos una labor sorda y diaria, callada, en nuestro despacho después de celebrar las vistas, meditando, reflexionando sobre la resolución que vamos a adoptar; sometidos únicamente al imperio de la Constitución y de las leyes; interpretando el derecho con las pautas que da la propia legislación; valorando los materiales probatorios que se someten a nuestra consideración, las pruebas, y dictando una resolución desde nuestro propio sentido de la justicia”, ha aseverado.

Por ello, ha transmitido que “cualquier juez pueda dictar una resolución para interferir en el ámbito político” ni lo concibe, ni lo entiende, a lo que ha agregado que “el juez que hiciese eso debería abandonar inmediatamente la carrera judicial”, ha manifestado, para abundar en que los jueces desempeñan “un poder independiente y así debe ser”.

Pide renovar el CGPJ “cuanto antes” según la Constitución

Además, Sánchez Zamorano ha indicado que lo que quieren es que “se renueve el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuanto antes, de la forma que está establecida en la Constitución, y que se renueven los cargos y que todo funcione”, porque, según ha expuesto, “un Consejo General del Poder Judicial paralizado no es bueno para nadie, porque no se afrontan proyectos de envergadura en el ámbito judicial”.

Al hilo, ha insistido en que “la responsabilidad es del Congreso y del Senado, que son las que constitucionalmente tienen encomendada la función de nombrar y renovar el Consejo General del Poder Judicial”, recordando que “el anterior presidente, que dimitió, Carlos Lesmes, ya mandó las correspondientes comunicaciones, cuando ya estaba a punto de vencer el mandato primero de los cinco años, para que se renovase”.

Si bien, ha lamentado que “han ido pasando los años y el Consejo está en funciones, con las funciones recortadas en materia de nombramientos”, cuando “hay muchos nombramientos que hacer en la Sala del Tribunal Supremo, en las presidencias de los tribunales superiores de justicia y en las presidencias de las audiencias provinciales”.

Por tanto, ha declarado que “la situación de interioridad no es buena para nadie, porque no se afrontan proyectos de envergadura”, de forma que “la renovación del Consejo se tenía que haber producido hace ya mucho tiempo”, siendo “una cuestión política” y con “la responsabilidad última de las Cortes Generales”, ha mantenido el presidente de la Audiencia Provincial.