El presidente de la Audiencia advierte de “la sobrecarga”: “Una justicia que llega tarde deja de ser justicia”

El presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco Sánchez Zamorano, ha advertido este martes de “la sobrecarga” de algunos juzgados de la provincia, “pese al esfuerzo” del personal, subrayando que “una justicia lenta, que llega muy tarde, en el fondo deja de ser justicia”, a la vez que ha lamentado que la Oficina Judicial “no termina de arrancar” y espera que el nuevo Gobierno andaluz que salga de las elecciones del 19 de junio “continúe sobre lo hecho y no empezar de nuevo”.

En una rueda de prensa para presentar la Memoria anual de actividades y funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 2021, en relación con la provincia, el magistrado ha subrayado que “ni la escasez de jueces se ha corregido, ni acaba de arrancar la nueva Oficina Judicial, ni la digitalización de la administración de justicia se implanta, ni las reformas procesales profundas llegan, ni se acomete una nueva organización territorial y estructural de la justicia”.

No obstante, confía en los proyectos de ley de Eficiencia Organizativa y Eficiencia Procesal para “afrontar los cambios estructurales”, como “la implantación de los tribunales de Instancia”, a lo que ha agregado sobre las infraestructuras que “ha habido avances”, de modo que la nueva sede judicial de Lucena puede ser una realidad a finales de 2023 o principios de 2024, aunque “persisten deficiencias importantes” en los juzgados de Aguilar de la Frontera y Montilla, “con edificios muy antiguos”.

En general, Sánchez Zamorano ha declarado que “la sensación de abandono sigue estando presente y quizás agudizada”, remarcando que “todas las carencias sólo se palían por el denodado esfuerzo de jueces, magistrados, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios”.

Al respecto, ha dicho que “por parte de las administraciones públicas no se considera una prioridad la justicia, porque no se acometen reformas profundas, más allá de los consabidos parches puntuales”, al tiempo que ha comentado que “la mediación intrajudicial civil no acaba de adquirir la frecuencia y uso deseados”.

En relación con la Oficina Judicial y Fiscal, ha indicado que reconoce “los esfuerzos, pero son insuficentes”. Y sobre las nuevas tecnologías, ha apuntado a “un diagnóstico moderadamente optimista, porque se avanza, aunque con lentitud”, entre otros aspectos que ha citado.

En cuanto a los datos estadísticos, el presidente de la Audiencia ha señalado de los procedimientos penales que en el partido judicial de Córdoba ha habido “un sensible incremento”, de manera que tomando como referencia los juzgados de Instrucción de la capital, si en 2020 se registraron 24.465 asuntos, en 2021 fueron 26.682, unos 2.200 asuntos.

En los procedimientos civiles ha habido “un fuerte incremento”, ha manifestado Sánchez Zamorano, para precisar que, “si los nueve juzgados exclusivos de Primera Instancia registraron en 2020 unos 15.600 asuntos, en 2021 fueron 18.191”.

En materia de cláusulas suelo la situación está “estabilizada, existiendo una bolsa de 5.000 asuntos”, a la vez que “la memoria recoge como necesidad la creación de un segundo juzgado de lo Mercantil”, ha puntualizado.

Más denuncias en violencia hacia la mujer

En violencia sobre la mujer, el magistrado ha detallado que en Córdoba y provincia se registraron en 2021 3.077 asuntos frente a los 2.893 de 2020, “un moderado ascenso”. En la provincia se han recibido 2.389 denuncias frente a las 2.039 de 2020, lo que supone “un considerable incremento”.

Se han adoptado 378 órdenes de protección, un 87% de las incoadas, cifra similar a la de 2020. El 60% de las sentencias dictadas fueron condenatorias frente al 52% del año anterior. “Se nota en líneas generales un incremento de las mujeres que denuncian y un descenso de las que desisten de continuar con la misma”, ha aseverado.

El único juzgado instructor especializado en esta materia tiene “una carga de trabajo sensiblemente superior al módulo referencial”, pues ha registrado 1.921 asuntos, siendo 1.600 el criterio orientativo. Al hilo, cree que “no es posible en la provincia la comarcalización que se prevé para este tipo de juzgados en la LOPJ”.

Según ha expuesto, “sólo se podría crear un juzgado más en la capital para que asumiera las competencias de todos los juzgados de la provincia”.

“Asfixiante” carga de trabajo

Respecto a la Audiencia Provincial, ha avisado de “la asfixiante” carga de trabajo en Civil, puesto que “cada magistrado soporta una carga de trabajo que se halla en el doble de la fijada como aconsejable por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)”, de ahí “la necesidad de la creación de una plaza más, hasta llegar a una sección con seis magistrados”.

De las secciones penales ha valorado la creación de una nueva plaza, de modo que las dos secciones de la Audiencia están ya dotadas con cuatro magistrados cada una. En cualquier caso, “las tres secciones de la Audiencia muestran una alta tasa de resolución”, ha destacado.

En relación a los juzgados de Primera Instancia de la capital, ha abundado en que “están sobrecargados”, de forma que “el nivel de ingresos por órgano es de unos 2.000 asuntos, cuando el modulo referencial se sitúa en 1.200”. Por tanto, ha subrayado que “la situación es preocupante”. La memoria contempla la creación de un Juzgado de Primera Instancia, uno de Familia y uno más en el ámbito Mercantil. Mientras tanto, ha apuntado que “se vuelve de imperiosa necesidad como alternativa el recurso a los jueces de Adscripción Territorial”.

En los juzgados de Instrucción, la carga de trabajo es “bastante aceptable y están dentro de los módulos”; los juzgados de lo Penal “funcionan razonablemente bien, del 1 al 5, por la carga aceptable”, pero “preocupa el 6, dedicado al enjuiciamiento de los casos de Violencia sobre la Mujer”, que “está al borde del colapso”, después de que si en 2020 se incoaron 465 procedimientos abreviados y juicios rápidos, en 2021 fueron 595; si en 2020 había 512 ejecutorias; en 2021, 876, y si en 2020 se dictaron 324 sentencias, en 2021 fueron 538.

Por otra parte, los cinco juzgados de lo Contencioso funcionan “muy bien”; mientras que los de lo Social están “un poco sobrecargados”; el de Vigilancia Penitenciaria funciona “bastante bien”, y el de Menores, “también”.

Sobre el juzgado de Menores, ha dicho que “preocupa” que “el 12% de los asuntos que acceden a estos órganos son de violencia de género y doméstica”, algo que le reafirma en “la idea de que esta lacra tiene un componente educativo, que explica en buena parte la causa de esta lacra social y que enseña, aparte de la respuesta penal, que hay otros mecanismos para atajarla, como la respuesta educativa”. “Es triste que muchachos de 14 años repliquen o copien el comportamiento de los mayores”, ha lamentado.

En cuanto a los juzgados de la provincia, Sánchez Zamorano ha criticado “la escasez” de las plantillas que “están diseñadas para otro tipo de administración de justicia, con menos asuntos”. Ante ello, ha defendido que “las medidas de refuerzo de jueces de nada servirían si no van acompañadas de la correspondiente dotación de personal auxiliar”.

Al hilo, ha dicho que el tema de la cualificación de los interinos es “también preocupante”, porque “de las bolsas de desempleo se mandan personas que no sólo no han tenido contacto con la administración de justicia, sino que algunas carecen de mínimos conocimientos de informática”.

En cualquier caso, el presidente de la Audiencia ha enfatizado que “mientras la Oficina Judicial no sea una realidad, se debe ir a la flexibilización de las plantillas”, y que “los funcionarios del Servicio de Apoyo de Extensión Territorial Variable puedan ser mandados a la provincia cuando haya un déficit, pero no se puede porque la administración sigue sin atender el pago de dietas”.