La Policía abre cuatro líneas de investigación más en el caso Infraestructuras

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en Córdoba ha abierto cuatro nuevas líneas de investigación a través de la primera denuncia del caso Infraestructuras, tal y como relata en su último auto el titular del Juzgado de Instrucción número cuatro de Córdoba, José Luis Rodríguez Laínz. El magistrado, en un extenso escrito en el que reflexiona sobre que el caso podría derivar en una macrocausa, algo que rechaza, remite estas cuatro nuevas líneas de investigación al juez decano de Córdoba para que las asigne a otros magistrados. Este es el motivo por el que los nuevos investigados, entre ellos el exconcejal de Infraestructuras David Dorado, aún no han sido llamados a declarar en sede judicial.

En su auto, el magistrado señala cuáles son las cuatro nuevas líneas de investigación, que van más allá de la original, el presunto troceo irregular de contratos vinculados a obras del Plan de Choque de 2020. Así, señala una “facturación falsa o sobredimensionamiento del ejercicio 2022” en el Área de Infraestructuras, una segunda línea relacionada con el supuesto intento de David Dorado de cobrar una mordida al dueño de una agencia de publicidad de Córdoba, una tercera sobre los presuntos sobornos cobrados por el funcionario investigado en la trama y una cuarta sobre el “supuesto intento de destinar fondos púbicos del Ayuntamiento de Córdoba para la impermebealización del aparcamiento de la plaza de Cuba”.

En el auto, el juez, que es un veterano en la Ciudad de la Justicia de Córdoba, reflexiona sobre la complejidad de las macrocausas, en la que cree que podría derivar el Caso Infraestructuras si asume la totalidad de la investigación. Por eso, da traslado del auto al juez decano, para que reparta las nuevas líneas de investigación entre los juzgados que considere. Es decir, cada una de estas nuevas causas serán investigadas por jueces diferentes.

De esta manera, un juez tendrá que determinar si hay indicios sobre David Dorado para mantener su acusación de cohecho, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal. Para eso, se tendrá que verificar si efectivamente, como indica el atestado, y siempre presuntamente, Dorado le pidió al dueño de una agencia de publicidad de Córdoba una mordida a cambio de la adjudicación de un contrato.

Otro juez tendrá que verificar si el funcionario investigado, que era el jefe de colegios públicos y mantenimiento de edificios municipales, cobró o no sobornos a cambio de contratos. La investigación le acusa de beneficiarse de noches de hotel hasta en ocho ocasiones diferentes, del uso y disfrute de una parcela gratis durante un año, y de recibir trabajos de jardinería a cargo todo de empresas con las que supuestamente adjudicaba contratos.

Un tercer magistrado tiene que ver si efectivamente durante el ejercicio presupuestario de 2022 hubo una lluvia de “facturas falsas”. El juez habla de 45 “en materia de albañilería, pintura, administración y fontanería”. “En estas facturas destaca primero cómo testigos”, que son empleados municipales, “muestra su extrañeza porque la mayoría de las actividades podían haber sido realizadas con medios propios o con el apoyo de empresas auxiliares con las que se había suscrito una contrata de gestión”. Según la investigación policial, “los testigos declaran no tener noticias de que se hayan llevado a cabo” esas obras. En otros casos “se triplica el importe” de lo que debería costar. Se habla de una factura en Caballerizas Reales que debería haber costado 1.500 euros pero que se fue a los 4.500 euros.

Así, los testigos de esta causa hablan de una “implicación directa” del funcionario investigado y del concejal David Dorado. “Las irregularidades en la emisión de albaranes llegan incluso a que se emitan sin referencia a precios de unidades de suministro o ejecución”, señala el juez. “Algunas de las empresas que se ven involucradas en contratas sin garantía de concurrencia toman parte en la emisión de estos albaranes o facturas aparentemente fraudulentas”, asegura.

Por último, se habla de otra investigación vinculada a las obras en la plaza de Cuba. En este caso declara el antiguo director general de Infraestructuras, “desplazado”, dice el juez, por David Dorado para nombrar como coordinadora a María Luisa Bueno, “pese a la existencia de un informe desfavorable a su idoneidad por falta de experiencia en el cargo emitido por la Intervención General”.

En su declaración, este exdirector general declara “la existencia de un expediente relacionado con obras de impermebealización en un aparcamiento privado en la plaza de Cuba. La obra se había de realizar a cargo de Infraestructuras”. Es decir, el Ayuntamiento habría pagado por una obra privada. “La declaración no da detalles claros de quién participó en el expediente y quién tomó las decisiones para ejecutarla o tramitarla, ni si se llevó a efecto”, señala el juez, que alude a un intercambio de correos entre la excoordinadora y David Dorado.