El juez del segundo caso Infraestructuras prorroga la causa otros seis meses más
El titular del Juzgado de Instrucción número dos de Córdoba, Arturo Vicente, ha decidido prorrogar otros seis meses más la investigación sobre el llamado segundo caso Infraestructuras, el que denunció el exconcejal David Dorado y por el que está imputado un funcionario, el jefe del servicio de Alumbrado Público en el Ayuntamiento. La Fiscalía apreció indicios de delito y elevó el caso al decanato, que asignó el caso a Instrucción dos. Lejos de sobreseer la causa, el magistrado ha seguido adelante con la investigación y cita a dos testigos, al funcionario de Alumbrado Público denunciado y a otros ocho empresarios más.
El magistrado entiende que se tienen que seguir practicando diligencias de instrucción, antes de decidir si hay indicios de delito o no, si la causa finalmente se archiva o llega a sala para su reparto y posterior juicio. El juez ha dado un plazo a los abogados de las diferentes partes personadas, incluido el Ayuntamiento, para que pidan nuevas diligencias de instrucción, si lo entienden oportuno.
Es el caso de la defensa de David Dorado. El exconcejal reclama que el Ayuntamiento aporte abundante documentación para aclarar la supuesta trama por él denunciada. También reclama que se investigue si ha habido incremento patrimonial entre los bienes del funcionario denunciado y que se pidan más facturas a las empresas investigadas. Aparte, Dorado reclama que declare en calidad de testigo el secretario del Pleno del Ayuntamiento, Valeriano Lavela, para que explique el procedimiento que siguió durante la instrucción de un expediente interno sobre esta denuncia.
La denuncia
En este segundo caso, David Dorado denunció la existencia de una presunta trama en alumbrado público donde, según su acusación, un funcionario preparaba pliegos de contratación para que solo unas pocas empresas pudieran optar a ellas. Además, en la denuncia se aludía a testimonios de otras empresas que no podían participar en los procedimientos.
La investigación de la Fiscalía sentó como testigos a trabajadores de estas empresas. En el escrito que presentó el Ministerio Fiscal y que ha dado pie a la apertura de estas diligencias judiciales, estos testigos detallan reuniones previas con el jefe de alumbrado público antes de que se sacasen a concurso los contratos. La propia Fiscalía pidió al Ayuntamiento que le remitiese los contratos con tres empresas entre los años 2016 y 2022. Eso sí, también ha solicitado el envió de contratos en alumbrado público firmados en el año 2012.
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