Un juez ratifica la sanción del Colegio al abogado procesado en el crimen de La Chica Carlota

El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número siete de Madrid ha confirmado la resolución del Colegio de Abogados de la Comunidad madrileña en el que sancionaba al letrado Joaquín Robles durante un periodo de tres meses. Además, se solicitaba que fuese apartado de las causas relacionadas con el caso del asesinato de La Chica Carlota de Córdoba, en el que murió asesinado un cordobés que estaba desaparecido desde septiembre de 2017. Su cadáver no fue hallado por la Guardia Civil, enterrado en el jardín de su propia casa, hasta el año siguiente.

Robles fue sancionado por el Colegio de Abogados de Madrid en mayo del año 2019. La sanción llegó tras la insistencia de uno de los abogados de la familia de la víctima, que observó cómo Robles estaba personado ante el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid, que instruyó la detención del principal sospechoso del crimen. El Colegio de Abogados consideraba que Robles era parte interesada en el asunto judicial y que por tanto no podía defender al principal sospechoso del crimen, Pedro Gómez, un hombre detenido que se hacía pasar por la víctima, que conducía su coche y que había sido visto en La Chica Carlota haciéndose pasar por sacerdote. Los abogados de la víctima insistían en que el letrado defensor había sido previamente contratado por el joven asesinado, Juan Carlos Rodríguez Borrego, que padecía una enfermedad mental grave, y que fue él, precisamente, el que le puso en contacto con el hombre que presuntamente le mató. Robles, de hecho, está procesado por el juez de Posadas que instruye esta causa.

Ahora, esta sentencia condena a Robles a pagar las costas del proceso judicial y ratifica la decisión del Colegio de Abogados de Madrid. En su defensa, Robles alegó que se violaba su presunción de inocencia y dijo que en ningún momento se había aprovechado de su condición de abogado del principal sospechoso para acceder a unas diligencias policiales que eran secretas y que presumiblemente le iban a acabar salpicando, como así ha sido. El juez entiende que en ningún momento ha ocurrido eso y que la decisión del Colegio de Abogados, tras su correspondiente expediente, se avino a derecho. Contra la sentencia cabe recurso.

Fue durante el verano de 2018 cuando agentes de la Guardia Civil hallaron el cadáver de un hombre, Juan Carlos Rodríguez Borrego, que se encontraba desaparecido desde septiembre de 2017, en el huerto de su vivienda en La Chica Carlota. Tras meses de investigaciones, una minuciosa inspección logró localizar un lugar sospechoso. En el huerto había una pequeña zona en la que se notaba que la tierra estaba algo más alta. Los agentes excavaron y rápidamente vieron que algo había bajo tierra. Era un cadáver en avanzado estado de descomposición. La investigación apuntó a que se trataba de un hombre, de 45 años, propietario de la vivienda cuya desaparición fue denunciada por sus hermanos en septiembre del año anterior.

La instrucción del caso arrancó prácticamente entonces, hace dos años y medio. Desde entonces, se han sucedido los informes. Los últimos en poder del juez son de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba. Así, por ejemplo, se han analizado todos los dispositivos informáticos de Juan Carlos Rodríguez Borrego. En estos dispositivos se ha hallado material que apuntaría a la presunta participación del abogado contratado por la víctima, J. R. G., en el crimen. De hecho, supuestamente fue este abogado el que puso en contacto a la víctima con su verdugo. Ahora se analiza el material hallado y que la Guardia Civil ha podido desencriptar.

Por otra parte, se está a la espera de que se puedan desencriptar también los casi 500 mensajes que se cruzaron el presunto autor material de los hechos, Pedro Gómez, en prisión preventiva, con el abogado. Su contenido podría arrojar luz sobre lo que verdaderamente ocurrió en la vivienda de La Chica Carlota y el grado de implicación de cada uno.

Como adelantó este periódico, se ha hallado ADN en el cadáver de la víctima. Ahora, un nuevo informe forense ha cruzado datos y ese ADN correspondería con el de Pedro Gómez, el hombre que se hacía pasar por cura y que se habría ganado la confianza de la víctima. Pedro Gómez fue detenido en Madrid con el vehículo del desaparecido, había usado sus tarjetas de crédito y sus documentos de identidad. En la casa donde fue hallado el cadáver también se hallaron un pico y una pala que se analizaron por si los restos de tierra que conservaban se corresponden con los del huerto donde se encontró el cuerpo. Este pico y esta pala se habría comprado en Ciudad Real. El ADN ha aparecido en las uñas del cadáver de la víctima y también en las bridas y cuerdas con las que fue maniatado, según consta en el informe forense.

El principal sospechoso

Pedro Gómez entró en la cárcel acusado de haber robado a otras personas drogándolas previamente. De hecho, tiene numerosos antecedentes penales y en el momento de los hechos estaba en busca y captura para cumplir una condena. También, este hombre, que se hacía pasar por abogado del Arzobispado de Madrid, había estado nueve años como novicio del Valle de los Caídos. Allí robó un relicario, por el que fue condenado. El principal móvil por el que presuntamente mató a su víctima en La Chica Carlota fue el robo, ya que está acusado de vaciarle las cuentas, robarle el coche y también la identidad.

Los agentes de la Guardia Civil acudieron varias veces a La Chica Carlota para saber qué había pasado con el vecino desaparecido. Peinaron la casa en numerosas ocasiones pero hasta que no vieron algo sospechoso en el jardín no dieron con el cadáver de la víctima. Según la investigación, el asesino había cubierto el cuerpo de la víctima con tres colchas y almohadas, que impedía que los gases de la descomposición afloraran por el terreno, lo que hizo que los perros no descubrieran nada raro en la zona.

Tanto el abogado como el hombre que está acusado del asesinato sostienen su inocencia. El abogado asegura que lo único que hizo fue poner en contacto a estas personas, mientras que el encarcelado se ha negado a declarar en todo momento. En conversaciones informales sostiene que la víctima se ha fugado a Colombia. La Guardia Civil piensa que precisamente ese era su plan: fugarse a Colombia una vez que hubiese limpiado las cuentas de la víctima.