La Fiscalía abre diligencias sobre la compra de 8.000 test de covid por Sadeco
La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Córdoba ha ordenado la apertura de diligencias de investigación sobre la contratación por parte de la empresa municipal Sadeco de un servicio para realizar 8.000 test de Covid a sus empleados durante la pandemia. Este contrato fue denunciado ante la Fiscalía por el grupo municipal del PSOE, al apreciar “indicios de presuntas irregularidades detectadas en el expediente”.
El escrito de la Fiscalía -al que ha tenido acceso este periódico y ha sido avanzado por Diario Córdoba-, pide además diversa información al Ayuntamiento de Córdoba al respecto de este contrato. De un lado, solicita que el órgano de fiscalización y la Intervención pública emita informe acerca de la legalidad de la contratación.
Pide también que manifieste si se realizó estudio económico acerca del precio de mercado del servicio objeto de contrato, si existe memoria justificativa para validar el uso de la modalidad de contrato de emergencia para este servicio de test de Covid y si hay concurrencia de las empresas invitadas a presentar sus ofertas. Y, por último, solicita al Ayuntamiento información acerca de los contratos que se hayan suscrito entre el Ayuntamiento y la Clínica Beiman, la empresa adjudicataria de la realización de los 8.000 test.
La Fiscalía toma esta decisión después de la denuncia del PSOE por supuestas irregularidades en el expediente para la contratación de la realización de 8.000 test rápidos para detección de Covid entre los trabajadores de Sadeco durante la pandemia. En su escrito, relata los hechos, como el informe de agosto de 2020 del director del departamento económico de Sadeco sobre la necesidad del contrato en plena pandemia y que segeneró la obligación de pago de 340.000 euros más IVA. “Dicho informe no iba acompañado de motivación ni estudio económico acerca del precio de mercado del servicio objeto de contrato”, destaca la fiscal.
Asimismo, muestra cómo la empresa municipal envió sendos correos electrónicos para invitar a tres empresas a presentar ofertas al contrato y cita una “clara conexión” entre dos de ellas, ambas especializadas en medicina deportiva. También señala que se estipuló el precio máximo de licitación en 42,5 euros por test, superando el precio más elevado que se pagaba entonces de 29,49 euros -por parte del Ayuntamiento de Madrid-. Y recuerda que la adjudicación del contrato se hizo en septiembre de 2020 y se pagó con cuatro facturas a razón 79.000 euros cada una.
Denuncia del PSOE
En su día el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Antonio Hurtado, criticó inicialmente que, por cuestiones de economía, y teniendo en cuenta el informe comparativo del Tribunal de Cuentas, Sadeco había comprado a precio excesivo el material, a 40 euros por test, cuatro veces más de la media, por lo que pidió copia del expediente a la empresa municipal. En concreto -explica-, el Ayuntamiento de Málaga compró los test a 7,90 euros la unidad y convenió con clínicas privadas su aplicación y supervisión médica pagándoles 2 euros por test que se hiciese, con lo cual el importe abonado fue de un total de 9,90 euros por test hecho.
Tras detectar “indicios de presuntas irregularidades”, remitieron a la Fiscalía el expediente para su investigación. En concreto, consta en el expediente que se invitan a tres empresas: Clínicas Beiman, que es la adjudicataria y que su especialidad es la medicina deportiva, y a dos más, JMEDIS de El Puerto Santa María (Cádiz), que es una empresa de suministros que no una clínica, y SMD Servicios Médicos Deportivos de Sevilla, también especializada en medicina deportiva.
El socialista ha considerado que, viendo los presupuestos presentados por las tres empresas, “constatamos que quien firma la oferta de SMD Servicios Médicos Deportivos es su gerente, que figura también en la plantilla de Clínicas Beiman de Sevilla”. Así, Clínicas Beiman de Córdoba fue la adjudicataria de los 8.000 test al ser la oferta más barata, de 39,50 euros por test y 316.000 euros por el total del servicios.
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