El delito animal, una nueva forma de hacer justicia en Córdoba

Hasta el año 2015, en la Fiscalía Provincial de Córdoba no había ningún profesional encargado de vigilar. Entonces fue nombrada Trinidad Cerezo Sierra, que este jueves se acercó hasta la sede del Colegio de Abogados de Córdoba para impartir una conferencia sobre una praxis jurídica poco conocida, aunque cada vez más, pero de una alta sensibilidad para la sociedad. Cerezo detalló cómo es su día a día, los problemas a los que se enfrenta y cómo ha ido cambiando la ley para adaptarse a considerar a los animales como seres vivos y no como meros objetos, a los que no se les puede maltratar ni quitar la vida por que sí.

Cerezo detalló que los animales son un “bien jurídico protegido” y que tienen “dignidad”, “derecho a la vida” e “integridad física y moral”. Por tanto, atentar contra sus derechos es un delito penado y perseguido. En 2003, el Código Penal dejó de considerar el maltrato animal como falta y pasó a incluirlo como delito a través de un artículo, el 337, del que este jueves se habló largo y tendido en el Colegio de Abogados a través de una ponencia telemática. Posteriormente, ese artículo fue precisado y se le añadió un bis para supuestos de abandono de animales, también penados.

La fiscal señaló, además, que “el legislativo” avanzará por el “camino” del Tratado de Lisboa, adaptando el Código Penal en España en el que se reconocerá “a los animales como seres sensibles y dotados de cierta dignidad”. “Los animales son seres indefensos, sobre todo los animales domésticos y amansados. Pueden ser incluidos como miembros de propias familias. Cualquier acto sobre ellos debe ser condenado”, explicó.

En todos estos años de trabajo hay infinidad de jurisprudencia, juzgados más sensibles a estos delitos y otros menos, y también mucho trabajo por hacer. En su día a día, Trinidad Cerezo citó el problema con las denuncias. Muchas “suelen ser anónimas”. “A la gente le cuesta denunciar este tipo de hechos al considerar una intromisión en la vida de las personas. Ellos interponen la denuncia y que los organismos judiciales hagan lo que tengan que hacer, pero sin su testimonio se dificulta mucho la posibilidad para llevar esto a juicio”, expuso. En muchos casos las fuerzas y cuerpos de seguridad investigan los hechos, pero sin testigos y a veces “sin animal” poco hay que hacer.

Pero hay más problemas. En algunos casos, las instrucciones policiales son visuales. “No hay informes veterinarios” en el momento del maltrato, explicó, sino que la Policía “llega, hace fotografías y al juzgado”. Cuando llega el veterinario, tiempo después, “el animal se ha curado y no se puede determinar si las lesiones fueron por maltrato o no”.

Esto es algo que se resuelve en el caso de las protectoras. Muchas denuncian y testifican, y lo primero que hacen es pedir informes veterinarias. En algunos casos, explicó, incluso se presentan como acusación particular, reforzando el proceso.

Por otra parte, también detalló los problemas con algunos supuestos en los que se pide la retirada del animal a un propietario “en un supuesto de maltrato”, algo que, alega, “no es fácil”. En el caso de las protectoras siempre hay voluntarios para quedarse con el animal, pero en las fuerzas de seguridad el problema se agrava.