El caso de los 15 ecologistas que llevan 14 años procesados por pedir la apertura de un camino público

El 14 de septiembre del año 2007 se vivieron escenas de muchísima tensión en Posadas. Ese día, hubo disturbios entre un grupo de vecinos y ecologistas que pedían la reapertura de un camino público y los más de 70 agentes de la Guardia Civil que acudieron a la finca de Los Torilejos, entonces propiedad de la familia Sánchez Ramade, para evitarlo. El día acabó con forcejeos, cargas policiales, pedradas, carreras por el pueblo, disturbios en un bar y decenas de heridos. Un guardia civil llegó a perder un ojo. Varios de los vecinos fueron incluso desterrados del pueblo por orden judicial, de manera preventiva. La cancela se volvió a cerrar aunque muchos años después el Tribunal Supremo le ha acabado dando la razón al Ayuntamiento de Posadas y ha reordenado la reapertura del camino.

Pero casi 15 años después de estos hechos, un total de 15 personas se sentarán este jueves en el banquillo de los acusados. El Ministerio Fiscal les acusa de delitos de desórdenes públicos, atentado a agentes de la autoridad utilizando armas u otros instrumentos peligrosos, lesiones, siete faltas de lesiones y un delito de daños. De media, a cada uno se le pide unos dos años y medio de cárcel para un caso que se ha alargado muchos años en el tiempo. Durante estos últimos 14 años, estas 15 personas han estado formalmente procesadas. Ahora, cuando muchos de esos delitos están abocados a la prescripción, se sentarán en el banquillo de los acusados, tras un largo proceso en el que ha habido una infinidad de jueces de instrucción y hasta la revocación de una magistrada.

El caso ha llevado a dos vocales de la Sección de Vías Pecuarias del Consejo de Medio Ambiente de la Comunidad Castellana de Madrid, Hilario Villalvilla Asenjo y Luis de Andrés del Pozo, a presentar un escrito dirigido al Juzgado en el que se reclama la absolución de todos los acusados.

El escrito asegura que “los vecinos encausados defendieron en todo momento la legalidad vigente en materia de defensa de la propiedad pública del suelo del Camino de dominio y uso público de Los Torilejos que había sido cerrado ilegalmente por el propietario de un predio particular” e incluso invoca a dos artículos de la Constitución, el 19 y el 45.

Además, asegura que “en ningún momento los vecinos ejercieron violencia alguna contra la Guardia Civil, salvo la defensa propia ante la movilización desproporcionada de efectivos de este cuerpo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por parte de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, espoleada por los responsables de la Junta de Andalucía de 2007. Nunca en la historia democrática del Estado español se ha hecho una movilización de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del calibre de la que se desplegó en Posadas en la fecha del 14 de septiembre de 2007”, exponen.  

“Han pasado 15 años desde que sucedieran los sucesos en los que la Guardia Civil, presionada desde los despachos de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba en coordinación con el Gobierno de la Junta de Andalucía de aquel momento, ejerciese contra ciudadanos defensores de la propiedad pública de todos los andaluces y de todos los españoles una presión nunca vista en nuestra democracia”, relatan. Tras ello, concluyen que “todas estas personas tienen una vida normal con sus familias, hijos e hijas, familiares y amigos, que va a ser destrozada por el empecinamiento del Ministerio Fiscal de castigar con dureza unos actos que provocó el privado que cerró ilegalmente el Camino de Los Torilejos; la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que en ningún momento tomó cartas en el asunto de forma eficaz y eficiente para solucionar el tema de forma dialogada, aplicando la Ley al privado que usurpó el camino, y la brutal actuación de la Subdelegación del Gobierno del Estado en Córdoba para reprimir con dureza a los vecinos de Posadas”.