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La Audiencia de Córdoba juzgará a un acusado de abusar de una niña, grabarlo y tener vídeos de contenido pedófilo

Un policía nacional, inspeccionando documentos de un ordenador.

Alejandra Luque

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La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba juzgará este jueves a un hombre acusado de abusos sexuales continuados a una menor de 16 años, así como de elaborar y distribuir material de pornografía infantil a través de internet. La Fiscalía pide para él 24 años y diez meses de prisión.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, el procesado realizó varios actos de índole sexual sobre una niña en diferentes momentos y le obligó a que ella se los hiciera a él, convenciéndola de que era “un juego”. Mientras que estos hechos ocurrían, el procesado le mostraba a la menor vídeos de contenido pornográfico.

Además, en varias ocasiones, el acusado grabó estos actos con su ipad, aunque no consta que esos archivos fueran compartidos por el procesado. Sin embargo, una investigación realizada sobre el disco duro encontrado en la vivienda del acusado reveló que este tenía instalado un programa diseñado para el intercambio de archivos peer to peer (P2P). A través de esta red, el procesado no solo descargaba y almacenaba archivos donde aparecían menores de edad en situaciones de contenido sexual explícito, sino que utilizaba activamente la opción de “compartir archivos” para que otros usuarios de la red pudieran acceder a ese material ilícito.

Los hechos han sido calificados por el fiscal como constitutivos de cuatro delitos graves: abuso sexual continuado con penetración a una menor de 16 años, elaboración y distribución de material de explotación infantil, y exhibición de pornografía. Por el primero, la Fiscalía le pide 12 años de prisión; por el segundo, ocho años de cárcel; por el tercero, cuatro años de prisión; y por la exhibición de pornografía, diez meses de cárcel.

Además de estas penas, el Ministerio Público solicita una orden de alejamiento y de comunicación con la menor durante 30 años y la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que suponga contacto regular con menores de edad durante un periodo de 45 años.

Finalmente, la Fiscalía interesa que se imponga al acusado una medida de diez años de libertad vigilada que se ejecutaría tras el cumplimiento de las penas de prisión, además del pago de las costas procesales del juicio.

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