El Tribunal Superior de Madrid anula el cese en Tráfico de un guardia civil de Lucena

El afectado pide una indemnización de 70.000 euros por los perjuicios causados

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado el cese en Tráfico de un guardia civil de Lucena y el afectado ha pedido una indemnización de 70.000 euros por los perjuicios causados, según ha informado la Asocuación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), a través de una nota de prensa. Este colectivo explica que “en febrero de 2007 el Director General de la Guardia Civil acordó la baja en la especialidad de Tráfico de un agente destinado en el Destacamento de Lucena, tras no haber superado unas pruebas de renovación de dicha especialidad, a las cuales no le correspondía someterse por edad o antigüedad, pero fue convocado de modo extraordinario como consecuencia de la propuesta realizada por sus mandos. Y tras la baja en la especialidad de Tráfico fue cesado en su destino en el Destacamento de Lucena”.

El afectado interpuso recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Seguridad, quien desestimó su solicitud y confirmó la resolución del Director General de la Guardia Civil, por lo que, con asesoramiento de los servicios jurídicos de AUGC, interpuso recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el cual ha dictado sentencia estimando el recurso planteado y anulando su baja en la especialidad de Tráfico, informa la AUGC.

En la decisión del tribunal ha pesado mucho un informe emitido por la Secretaría de Estado de Seguridad tras una investigación llevada a cabo en la Agrupación de Tráfico, documento en el que se hace referencia al caso de dicho guardia civil destinado en Lucena: “Meses antes de que el capitán jefe del Subsector de Córdoba le propusiera para la renovación extraordinaria, este mismo mando realizó una propuesta para la revocación de su nombramiento de Guardia Civil Primero que no fue aceptada en la Dirección General, pues la misma, igual que parece suceder con la de renovación extraordinaria, carecía de motivación para tal fin… Todo lo anterior vendría a constatar lo que repetidamente, de forma infructuosa, han denunciado los interesados acerca de falta de rigor y aplicación de criterios voluntaristas en todos los trámites del procedimiento, que les habría llevado a la más absoluta indefensión, al verse sometidos a merced de un criterio arbitrario”.

Ahora, asesorado nuevamente por AUGC, ha interpuesto ante el Ministro del Interior una reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública para que se le indemnice por los perjuicios sufridos. Concretamente ha pedido 10.000 euros por las retribuciones dejadas de percibir desde que lo cesaron en el destino y 60.000 euros en concepto de daños morales y psicológicos, porque como consecuencia de la situación injusta que estaba viviendo sufrió una patología prolongada que finalmente culminó en su pase a retiro por dicho motivo, señalan desde este colectivo.