Trabajadoras de Adsam reclaman integrarse en la plantilla municipal

Rafael del Castillo, en primer término.

Desde hace más de dos décadas la Asociación para la Defensa de la Adolescencia y Menores (Adsam) ha venido prestando una serie de servicios al área de Servicios Sociales del Ayuntamiento, merced a un pliego de condiciones ganado por esta asociación. En la actualidad, trabajaban en esta entidad siete mujeres contratadas como educadoras familiares más una octava que ha venido prestando tareas de sustitución los últimos dos años. Todo ha acabado este mes de junio, cuando el Ayuntamiento ha decidido sacar un nuevo pliego para el que podrán aspirar la propia Adsam y todas aquellas entidades que lo deseen.

La decisión ha sido un mazazo para las trabajadoras, que se han visto en la calle tras años de trabajo. Seis de ellas han iniciado el camino judicial para reclamar en los tribunales su integración en la plantilla municipal. “Hemos pasado de ser imprescindibles a ser unas denostadas. Ahora nos han dejado completamente desamparadas después de tenernos un año sin saber qué querían de nosotras o qué iba a ser de nosotras”, se queja una de ellas.

El Ayuntamiento, por su parte, niega la mayor. Aunque se reconoce el papel desempeñado por este grupo de educadoras familiares, se subraya que este es un problema derivado en parte de los años de gobierno del PP y se indica que “la tarea” de las trabajadoras familiares “era complementaria al de los Servicios Sociales Comunitarios pero nunca sustitutiva de las tareas de a plantilla del Centro de Servicios Sociales Municipales”, señala Rafael del Castillo, concejal del área.

En su versión de los hechos, las trabajadoras afirman que su integración en el engranaje de Servicios Sociales era más que considerable en su atención a decenas de familias usando dependencias y material municipal. Esta visión la vieron respaldada cuando en verano de 2016 la Inspección de Trabajo visitó a Servicios Sociales. En un informe concluyó que su implicación era tal, que definió a este grupo de mujeres como una especie de “cesión ilegal” dentro del área. Además, consideraba que Servicios Sociales era responsable civil subsidiario de impagos de Adsam por valor de alrededor de un cuarto de millón de euros y obligaba al Ayuntamiento a pagarlo.

El panorama dio un nuevo giro cuando el Consistorio anunció a las trabajadoras de la Asociación que en este mes de junio iba a abrirse un nuevo pliego para que la propia Adsam y cualquier otra entidad aspirasen a hacerse con el servicio “una vez cumplidos los objetivos del anterior pliego”, indican en el Ayuntamiento. Eso ha dejado a las empleadas de Adsam sin trabajo. En este sentido, Del Castillo descarga toda responsabilidad de la situación de las educadoras familiares en la propia Adsam. “Las trabajadoras no son trabajadoras municipales, sino de una entidad que había ganado un pliego. Es la entidad la responsable de su situación”, insiste Del Castillo.

Mientras tanto, las trabajadoras afectadas han puesto su situación y sus demandas en manos de un abogado para tratar de conseguir por vía jurídica sus planteamientos. “Queremos integrarnos en la plantilla municipal en alguna de sus modalidades de contratación por todos los años que hemos estado trabajando”, insiste una educadora. Tras dos actos de conciliación fracasados, en los que en solo una ocasión se presentó un abogado de Adsam, las empleadas de la entidad piensan seguir adelante. El Ayuntamiento también prepara su artillería legal.

Mientras se resuelve el nuevo pliego, el servicio que prestaban las trabajadoras familiares es susceptible de sufrir un parón, reconocen en Servicios Sociales, hasta que o bien personal de la plantilla municipal o de otras entidades subcontratadas asuman esas tareas. “En cualquier caso, esperamos que este parón sea breve y se restablezca en seguida”, termina Del Castillo.

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