Suspendido el juicio a Fernández Pino al aportar un acta por sorpresa

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial devuelve el caso de la Unión de Empresarias de Córdoba al juzgado de instrucción tras la aparición de una documentación de la que hasta ahora no se tenía noticia

El juicio que estaba previsto para hoy en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial contra María Fernández Pino, presidenta de la Unión de Mujeres Empresarias de Córdoba, se ha suspendido a los pocos minutos de iniciarse. Por sorpresa, la secretaria de la Unión de Mujeres Empresarias, María Teresa Fernández Campos, presentó unos documentos que hasta ahora se desconocían: las actas de las reuniones de la asociación que demostrarían que no hubo nadie perjudicado económicamente en este caso, lo que con el Código Penal en la mano llevaría al sobreseimiento de la causa.

María Fernández Pino se enfrenta a cuatro años de prisión por un presunto delito de apropiación indebida.  Junto a ella se ha sentado en el banquillo de los acusados la exsecretaria de esta especie de patronal de mujeres empresarias, M. A. F. R., que también se enfrenta a una pena de cuatro años de cárcel por el mismo delito.

Después de escuchar la petición del Ministerio Fiscal, los tres jueces de la Sección Segunda decidieron devolver el caso al juzgado de instrucción para que lo valore. Según los magistrados, “hay una contradicción clara y patente entre los dos escritos presentados [las actas de 2006 y de 2007] y las pruebas realizadas”, por lo que tendrá que ser el juzgado de instrucción el que determine si archiva definitivamente la causa o por el contrario considera que debe seguir adelante. Los magistrados, en un análisis de los documentos, aseguran que en las actas no constan los votos de los socios ni si se decidió que no se emprendiesen medidas legales contra Fernández Pino y su exsecretaria.

La Fiscalía acusa a Fernández Pino y a su exsecretaria de actuar “de mutuo acuerdo” con “ánimo de obtener un ilícito beneficio” de esta asociación de mujeres empresarias. En concreto, considera que Fernández Pino se puso, sin permiso, un sueldo de 2.000 euros al mes, una tarjeta de crédito para gastos sin justificar y hasta autoregalarse 1.500 euros por su cumpleaños. En total, el Ministerio Fiscal calcula en casi 200.000 euros el dinero que se apropiaron.

Los hechos ocurrieron entre 2006 y 2007, cuando estas dos mujeres eran presidenta y secretaria de la asociación, respectivamente. “Gestionaron la asociación de manera caótica toda vez que incumplieron la obligación estatutaria de levanza de un libro de cuentas”, detalla en su escrito de calificación la Fiscalía, que agrega que tampoco se llevó un control de la contabilidad “ni libros de ingresos y gastos, cuentas anuales, cuentas de pérdidas y ganancias, ni balance, ni tampoco hojas de dietas realizándose por orden de ambas numerosas operaciones en efectivo o con talones al portador”.

En este sentido, la Fiscalía destacaba que no se habían encontrado las actas que ahora se han aportado. Tras interrumpirse la sesión y a preguntas de los periodistas, Fernández Pino aseguró que las nuevas pruebas se aportaron el pasado 30 de abril y que si no lo hicieron antes fue por que desconocían la importancia que podían tener.

Mientras, en su escrito de calificación la Fiscalía detalla que las dos acusadas aprovecharon la falta de control para incorporar “a su patrimonio importantes cantidades de dinero sin justificación alguna”. Así, asegura que Fernández Pino decidió “unilateralmente y con conocimiento y consentimiento de la otra acusada asignarse unos ingresos mensuales de 2.000 euros”. Para cobrarlo, cada mes extendía un talón bancario que “disfrazaba” como “cobro de dietas”.

El Ministerio Fiscal va más allá y detalla que “la acusada ordenó el día de su cumpleaños que se le ingresara la cantidad de 1.500 euros” y que incluso ordenó la reparación de su vehículo particular, por el que remitió una factura de 1.000 euros.

Además, la Fiscalía detalla que Fernández Pino también presentó al cobro de la UMEC facturas emitidas por sociedades de las que era titular. Es el caso de un factura para el cobro de muebles de segunda mano por un importe de 9.960 euros. También concreta el Ministerio Fiscal que incluso para la creación de una empresa a nombre de Fernández Pino, constituida en noviembre de 2006, se abonó un cheque de 3.000 euros para crear el capital social de la sociedad.

Por último, la Fiscalía señala más gastos que Fernández Pino cargó a nombre de la asociación que presidía. Así consta una tarjeta de crédito a su nombre y que pagaba la UMEC de la que habría pagado un total de 6.341 euros.