“Falta de comunicación” e “intimidación”: los vecinos de Encinares de Alcolea denuncian a Endesa

La comunidad de propietarios de Encinares de Alcolea ha presentado una denuncia en el Juzgado de Instrucción número Cuatro de Córdoba contra la compañía Endesa por un presunto delito de coacciones, tras varios intentos de corte del suministro eléctrico que afectan directamente a 65 familias.

La denuncia incluye la solicitud de medidas cautelares para frenar de forma inmediata cualquier interrupción del servicio, que dejaría a numerosas personas en situación de extrema vulnerabilidad. La denuncia de coacciones se basa, entre otros motivos, en la falta de comunicación oficial por parte de Endesa y en las actuaciones consideradas intimidatorias por parte de la empresa.

Los vecinos aseguran estar comprometidos a acometer mejoras técnicas sobre la línea si es necesario, aunque recalcan que no existe peligro grave ni inminente, dada la estabilidad de la instalación en los últimos 16 años.

La respuesta de Endesa

Endesa, a través de Francisco Cruceira, director de distribución de la empresa que gestiona las redes en la provincia de Córdoba, ha explicado en una entrevista en Canal Sur Radio, que la actuación de la compañía responde a una situación declarada como “antirreglamentaria” y “peligrosa”.

Cruceira ha remarcado que ellos han actuado a petición de la Junta de Compensación de la urbanización, que presentó un comunicado en Industria declarando, entre otras cosas, una “situación antirreglamentaria” con suministro. Ante una instalación peligrosa, el reglamento especifica que la compañía debe cortar el suministro, y Endesa actúa conforme a esa ley.

Cruceira afirmó que la situación actual se debe a una instalación particular que “no cumple normativa” y “no está legalizada por Industria”, siendo la que actualmente da suministro a estas viviendas. Esta situación es considerada “bastante irregular” y “peligrosa”, y desde que Endesa tuvo conocimiento, debe actuar conforme a lo que dicta la ley.

El director de distribución de Endesa indicaba, a su vez, que desconocían el estado de estas instalaciones particulares porque no son propiedad de Endesa, sino que el conocimiento surgió cuando la Junta de Compensación lo declaró en un escrito presentado en Industria. Desde la compañía afirmaba desconocer el estado tanto de las instalaciones externas (en la calle) como las internas de cada vivienda.

Sin embargo, los vecinos han indicado que esto no puede ser posible, dado que la compañía les cobra todos los meses el recibo de la luz en base a la instalación provisional.

Cruceira ha descrito la situación actual como “bastante difícil” y “complicada”, y ha sugerido que la solución requiere un diálogo a “tres bandas” o cuatro, incluyendo a Endesa, Ayuntamiento, Industria y la Junta de Compensación.

Al Zahara respalda a los vecinos

Por su parte, los hechos denunciados por los vecinos han sido respaldados por la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara, que ha mostrado su “total y absoluto apoyo” a la petición de amparo presentada hoy ante el Ayuntamiento de Córdoba. En el escrito, dirigido al alcalde José María Bellido, la federación que preside Isa Sereno alerta de que los cortes afectarían gravemente a familias en las calles Chaparrera, Fresno y Quejigo, donde residen menores, personas mayores y vecinos con necesidades médico-eléctricas.

El conflicto se remonta a la exigencia de adecuación de una línea eléctrica antigua, que los residentes consideran funcional y que fue recepcionada por el Ayuntamiento hace años, dentro del proceso de regularización urbanística del núcleo. Desde el pasado 14 de mayo, vecinos se turnan día y noche para impedir que se lleve a cabo el corte, tras cuatro intentos por parte de la distribuidora, incluso durante la madrugada.

El documento, respaldado por 380 firmas del vecindario, solicita al alcalde que medie de manera urgente ante la amenaza de corte, que dejaría a decenas de familias “literalmente tiradas en la calle”. Desde Al-Zahara se subraya que esta situación contradice los esfuerzos realizados durante años para la integración y regularización de los barrios periféricos de Córdoba, procesos que deben garantizar condiciones mínimas de dignidad, incluyendo el acceso a servicios esenciales como la electricidad y el agua potable.