Stop Desahucios dice que hay 50 imputados por ocupar casas

Otros diez acusados de usurpación por entrar en Rey Heredia han recogido hoy la notificación oficial y siguen a la espera de juicio

Activistas de la plataforma Stop Desahucios se han concentrado esta mañana frente a la Subdelegación del Gobierno para exigir que el Estado suspenda los lanzamientos y desahucios de personas de sus casas y vuelva a calificar la ocupación de viviendas como faltas en vez de delitos. Uno de los portavoces del colectivo, Rafael Carmona, ha denunciado asimismo que actualmente en Córdoba hay medio centenar de personas imputadas de usurpación por haber entrado en propiedades que le son ajenas después de haberse quedado en la calle por no poder hacer frente a sus hipotecas y alquileres.

A estos 50 hay que añadir otros 10 acusados del colectivo Acampada Dignidad que hace algo más de un año ocuparon el colegio Rey Heredia y que este lunes han recogido sus notificaciones de acusación. Todavía se está a la espera de conocer la fecha del juicio. El fiscal les pide a cada uno cuatro meses de multa a razón de seis euros al día, así como al pago del consumo de agua del mes que Rey Heredia tuvo acceso al servicio y que, según la acusación, suma 237 euros.

La concentración de Stop Desahucios se celebra coincidiendo con el inicio de la que han llamado Semana de la lucha por la dignidad. “Exigimos al Gobierno que pinga fin a los desahucias y que deje de calificar como delito las ocupaciones”, señaló Carmona. Para el portavoz, las ocupaciones son la respuesta a la incompetencia del Estado para resolver el problema de las personas que se quedan sin casa. El colectivo calcula que solo en Córdoba hay unas 17.000 viviendas vacías mientras que miles de personas se quedan sin residencia. Solo en los seis primeros meses de 2014, según los datos del Consejo General del Poder Judicial que recoge la plataforma, se produjeron más de 26.500 desahucios de familias.

“La ocupación no es algo ilegal, de hecho sirve para cumplir uno de los puntos básicos de la Constitución, el derecho a una vivienda digna. Quienes incumplen la ley son los políticos que hacen las leyes y los jueces que escriben las sentencias que luego son criticadas en los tribunales europeos”, criticó Carmona.