Prohibido construir garajes en zonas inundables o habitar los bajos: lecciones cordobesas de las riadas del Guadalquivir
Más de 45.000 cordobeses viven en zona inundable. La gran mayoría, más de 33.000, en Córdoba capital. Casi todos están en riesgo por las periódicas crecidas del río Guadalquivir, aunque también por otros como el río Cabra, el Genil o numerosos arroyos de la provincia. La última gran riada del río grande de Andalucía ocurrió en 2010, hace 14 años. Semanas de lluvia llenaron los embalses y el caudal se multiplicó. Tanto que fue incluso más intenso a su paso por Córdoba que el famoso barranco del Poyo de Valencia, ya que el caudal alcanzó los 2.100 metros cúbicos por segundo.
Aunque pudiera parecerlo, las de 2010 no fueron unas inundaciones extraordinarias, sino más bien modestas. En Córdoba capital se anegaron 150 casas y hubo que realojar a unos 700 vecinos. Pero en 1963, el caudal del río Guadalquivir a su paso por Córdoba alcanzó los 6.000 metros cúbicos por segundo, tres veces más que en 2010. Es decir, con esa fuerza, el río hoy anegaría gran parte del barrio de la Fuensanta-Arenal, del Campo de la Verdad, de Alcolea, de las parcelaciones de Las Quemadas, del entorno del Aeropuerto, de El Higuerón... Unas 33.000 personas de la ciudad se verían afectadas por el desastre. Muchas lo perderían todo. También habría infraestructuras totalmente anegadas, como el Aeropuerto de Córdoba. El estadio de El Arcángel también y es probable que algunas zonas de la Autovía del Sur y de la línea de tren convencional entre Córdoba y Sevilla.
Para que se repita un fenómeno como el de 1963, que tampoco ha sido la gran riada del Guadalquivir (hay constancia de otras más importantes a principios del siglo XX y a finales del XIX), tiene que llover mucho, de manera muy continuada, especialmente en la cabecera de la cuenca del Guadalquivir, en la provincia de Jaén. Y los embalses tienen que estar llenos. El Guadalquivir es uno de los ríos más regulados de Europa, precisamente para intentar controlar un caudal muy irregular, que sufre de tremendas sequías o salvajes crecidas. Pero hasta con una enorme cantidad de embalses, en caso de lluvias muy intensas podría volver a causar estragos.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) inició en 2010 un ambicioso plan de gestión de riesgos por inundaciones en toda la cuenca, a instancias de la Comisión Europea. Es de ese plan, que se actualiza cada seis años, de donde salen los datos de los más de 45.000 cordobeses que viven en zona inundable. La propia Confederación precisó un poco más con el término de “zona potencialmente inundable”, aquellas con un periodo de retorno menor. Es decir, hay 45.000 cordobeses en zonas inundables, con una probabilidad de que el agua llegue a sus viviendas de un año entre 500. Es el caso de la Mezquita de Córdoba, que está en esa zona inundable. Pero hay otro periodo de retorno menor. Esas viviendas son parte de las que el término municipal de la capital tiene en zona potencialmente inundable, que ascienden a un total de 4.565.
Son viviendas que se levantan en zonas inundables, con una probabilidad media u ocasional de sufrir episodios de riadas, según un estudio elaborado por elDiario.es según una investigación elaborada por rio.es a partir de datos del Catastro y del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables.
Antes de 2010, cada proyecto de construcción de una infraestructura, cada licencia de obra de una vivienda, nueva o a reformar, necesitaba de un informe de la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que indicaba que era viable o no. O que podría ejecutarse si se ejecutaban medidas para evitar el riesgo de inundación. Pero después, esos planes supusieron una especie de enmienda a la totalidad: ya no hacían falta informes, en zona inundable no se podía construir o si se hacía, había cosas que no se podían hacer.
De esta forma, en los últimos 14 años ha habido una enorme paralización de licencias de obras en zonas “potencialmente inundables” de Córdoba, como el Campo de la Verdad, la Fuensanta o varios polígonos industriales. Para “minimizar” el riesgo a las personas y los bienes materiales, la Confederación prohíbe la construcción de sótanos en estas zonas. No se pueden construir garajes, por tanto. Pero es más, tampoco se pueden habitar los bajos de las viviendas.
En esencia, se insta a construir como ya se diseñó en 1964 el entonces conocido como Polígono de la Fuensanta-Santuario. En las zonas inundables se optó por levantar bloques de pisos con un bajo diáfano, donde se pueden aparcar vehículos pero por donde puede correr el agua en caso de inundación. Este modelo se ha repetido en otros puntos de la ciudad, como el barrio del Guadalquivir.
Desde que se aprobó el primer plan, la Confederación bloqueó, de facto, miles de licencias de obra. Tanto que se tuvo que reunir su presidente, Joaquín Paéz, con el alcalde, José María Bellido, en plena pandemia para intentar encontrar un término medio. De aquella reunión trascendieron varios acuerdos, pero la Confederación no cedió en que no se podían autorizar nuevos sótanos a los ya construidos y que tampoco se podrían habitar plantas bajas. Es más, en los planes en las parcelaciones, tanto los de mejora del medio rural como los que persiguen cierta normalización, se plantea que las viviendas se construyan con una planta baja también diáfana, con los pilares al aire, para evitar lo que ocurrió en 2010, que no deja de ser una inundación leve mirando los libros de historia y las grandes crecidas del Guadalquivir.
Pero tras aquella reunión sí que se cedió. La propia Confederación rebajó estos requisitos tan extremos a solo las zonas con más riesgo de inundación, pero no a todas. Así, se dejó fuera del mapa a Cañero o a las zonas más altas del Sector Sur, con riesgo pero menor. La Confederación cedió después de varias protestas ciudadanas, que denunciaban que la norma se aplicaba con muy poca laxitud y en zonas con riesgo mucho menor.
La normativa urbanística a aplicar en las zonas inundables proviene del reglamento que la Confederación aprobó en 2016, y que limita las nuevas construcciones, incluso en las consolidadas dentro del casco urbano. El Reglamento del Dominio Público Hidráulico es el que ahora condiciona las obras que se pueden y no hacer en zonas inundables.
En el verano del año 2018, la Confederación comenzó a exigir a la Gerencia de Urbanismo de Córdoba que aplicase el reglamento. Para ello se basó en sus propios mapas. Estos establecían tres tipos de avenidas: las que se suelen producir cada diez años, las que tienen un periodo de retorno de 100 años y las que lo tienen de 500 años. Ahora, se sigue el criterio de esas tres avenidas (la de los diez años es la que está considerada de riesgo extremo), pero el periodo de retorno a 500 años ya no llega tan lejos como se tenía diseñado.
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