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María José lleva desde septiembre del año pasado sin abrazar a su hijo. El joven, de 31 años, está en prisión preventiva desde agosto de 2019. Como la inmensa mayoría de los presos internados en el Penal de Alcolea, lleva inmunizado contra el coronavirus varios meses. Sin embargo, sólo se ha podido comunicar con su madre y sus hermanos a través de un cristal.

La madre reconoce, en una charla telefónica con este periódico, que en esta situación ha habido un poco de “mala suerte”. La prisión de Córdoba abrió las comunicaciones familiares (a las que acceden dos familiares y se permite el contacto físico) en marzo y en junio, con tan poca fortuna que se volvieron a cerrar, en ambas ocasiones, días antes de que María José pudiera abrazar a su hijo, preso por un atropello, y que sigue pendiente de juicio.

El caso de María José es paradójico de la situación que viven familiares y presos del Penal de Alcolea, la cárcel andaluza que más se ha blindado ante la pandemia del coronavirus a tenor de su restrictivo régimen de visitas presenciales, lo cual ha provocado la incomprensión de los afectados. No todos se atreven a hablar a rostro descubierto, como lo hace María José, que defiende que sus derechos y, sobre todo los derechos de su hijo, “deben prevalecer”.

Paqui -nombre ficticio-, prefiere no dar detalles de su identidad para no perjudicar a su pareja, que lleva interno en la prisión un año. Entró un poco después del inicio de la pandemia y, una vez pasado el verano de 2020 (en el que las cárceles se abrieron a visitas tras meses cerradas a cal y canto durante el primer estado de alarma), en septiembre llegó el cerrojazo ante la segunda ola.

Desde entonces, Paqui sólo ha podido ver a su pareja dos veces, en marzo y junio, usando para ello las visitas familiares. Esto significa que su pareja ha tenido que escoger entre ver a Paqui o ver a su padre o a sus hermanos. ¿Por qué? Porque, como los vis a vis íntimos llevan suspendidos desde septiembre, muchos presos utilizan las visitas familiares para estar a solas con sus parejas. “Después de un año te acostumbras a esto. Pero explicaciones no se dan. Ni a nosotros ni a los presos”, se resigna Paqui.

La cárcel más poblada de Andalucía

La prisión de Córdoba, con más de 1.300 reclusos, es la tercera más poblada de España y la que cuenta con más población reclusa de toda Andalucía. También es la única de la comunidad autónoma que, desde septiembre, ha mantenido suspendidas las comunicaciones íntimas. Lo confirman los partes que ha ido regularmente Instituciones Penitenciarias y también los familiares y asociaciones que trabajan en la prisión con los que ha contactado este periódico.

El problema, según los familiares, está en la "discriminación" que sufren los presos cordobeses, ya que, mientras otras cárceles de la misma comunidad, ubicadas en provincias que han tenido más contagios que Córdoba han disfrutado de todos los regímenes de visitas presenciales, en la de cárcel de Alcolea la cosa ha sido distinta.

Concretamente, la prisión se ha reabierto sólo dos veces, un total de cinco semanas, tras el cerrojo de septiembre. La primera, más de seis meses después. Fue el 25 de marzo cuando se reanudaron las visitas familiares, aunque aquello duró dos semanas. El 9 de abril, se volvieron a suspender. La segunda reapertura tuvo lugar el 3 de junio y oficialmente duró hasta el 1 de julio, aunque, como ha podido comprobar este periódico por una circular interna, en realidad se cerró antes, el 24 de junio.

El último cierre dejó sin abrazos a María José, que tuvo que ver a su hijo mampara mediante. Y lo que ha visto no le ha gustado. "Yo lo noto derrotado. No tiene ganas de nada. Parece una marioneta", lamenta María José, que recuerda que, cuando comenzó el proceso de vacunación, se les dijo que iba a servir para que volvieran las visitas presenciales. No fue así. "Les han cogido como conejillos de indias", se queja amargamente María José, que dice haber hablado con la directora de la prisión sobre este asunto.

Paqui, por su parte, señala que su pareja está resignado y que, lo único que hace es interponer instancias "sin que nadie las conteste" ("denegada porque no procede y punto"). Además, Paqui asegura que "hay miedo a las represalias", aunque no concreta en qué se basa dicho temor. "Como nadie dice nada, pues pensamos que hay presiones", se limita a decir la joven, que tampoco quiere ir al Defensor del Pueblo porque estaría obligada a dar datos del interno y se niega.

A pesar de ello, denuncia, en todo caso, que lo que está ocurriendo en Córdoba "atenta contra los derechos humanos", y lamenta "la impunidad" de la dirección de la cárcel, que no da explicaciones sobre los motivos que fundamentan la suspensión de las visitas en una prisión donde "apenas ha habido contagios y los internos y los familiares están vacunados". "Para ellos es más fácil cerrar que pedir un certificado COVID y controlar la temperatura al entrar", se queja.

Un doble castigo

Por parte de las asociaciones que trabajan en prisión también se miran con resignación las restricciones. Myrian Jurado, abogada de la Asociación Proderechos Humanos de Andalucía (Apdha) dice, en cualquier caso, que este asunto no es el que más preocupa a los presos a los que asiste, que muchas veces están más preocupados por los problemas habituales de la vida carcelaria, especialmente en todo lo relativo a permisos y salidas, que al tema de las visitas. En cualquier caso, Jurado considera que la falta de comunicaciones supone para el reo inevitablemente "un doble castigo".

Por su parte, desde la Asociación Ariadna, que trabaja en programas sociales en la prisión, especialmente con las familias, indican que la suspensión de las visitas es "uno de los agobios más grandes" que sufren estos últimos. "No poder tener visitas con tu pareja es una de las principales preocupaciones. Además, muchas de las personas a las que asistimos lo demandan, quieren que se le de visibilidad", explica una de las trabajadoras sociales de esta organización, que añade que esto también se nota "en el ambiente" carcelario. "Si ya es difícil, esta situación los marca. Son más agresivos y están con más ansiedad", detalla la trabajadora social.

María José, sin embargo, lo que percibe en su hijo es justo lo contrario. "Moralmente y psicológicamente, a mi hijo, que tiene una discapacidad, le está afectando muchísimo. A mi hijo y nosotros. Pero a mi hijo sobre todo se le nota un montón la falta de cariño y de ese contacto", lamenta la mujer, que este lunes, como hace desde hace meses, volverá a estar pendiente de la nueva revisión de las comunicaciones que publica Instituciones Penitenciarias.

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Publicado el
8 de agosto de 2021 - 06:00 h